Tegucigalpa, Honduras
Las pistolas que están utilizando muchos menores de 18 años en el país no son precisamente de juguete debido a que cada año casi 200 jovencitos son acusados por el delito de portación ilegal de armas.
Debido a esto las guerras de “pistolitas” de agua y, en casos extremos, de balines plásticos ya no resultan divertidas para ciertos muchachos, que en medio del ambiente de violencia se dejan atrapar por el crimen organizado, quienes ponen en sus manos potentes armas de fuego.
Datos del Juzgado de la Niñez y Adolescencia a Nivel Nacional, a los que tuvo acceso EL HERALDO, revelan que en al menos unas 107 infracciones se han visto involucrados niños, algunos de apenas 12 años, otros de 16 y 17, que han ido a parar a los conflictivos centros pedagógicos para menores infractores.
En 2014, un total de 172 jóvenes cayeron con armas, en 2015 fueron 184, para el 2016 sumaron 176 y hasta mayo de 2017 se había registrado 90 procesos judiciales por este delito.
De acuerdo con el reporte, existen otras series de infracciones, la segunda más frecuente es el robo agravado, que en los últimos tres años y medio sumaron 411 casos, y el robo simple llegó a 307 acusaciones.
Además: Centros de menores deben recuperar la gobernabilidad
Una estrategia de los cobradores del “impuesto de guerra” o extorsión ha sido utilizar a infantes para que hagan la recolección del dinero en determinados negocios o terminales de buses.
Con base en los datos del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre el 2014 y mayo de 2017 se registraron 269 casos de extorsión.
El tráfico de estupefacientes es otro de los principales problemas que enfrenta la juventud debido que son reclutados en sus barrios y colonias para comercializar o transportar droga de un sector a otro, actividad que ha llevado a muchos menores a la muerte.
600a 900 menores recibenuna sentencia condenatoria o sanción al año en los Juzgados de la Niñez. |
Los resultados del tráfico de estupefaciente dejaron en los últimos años a 332 menores procesados.
Por el delito de facilitación de medios de transporte para drogas, es decir, que utilizan a los menores como “mulas” para llevar estas sustancias ilícitas de un lugar a otro, se contabilizaron en el mismo período de tiempo 136 casos.
Al interno de la familia, muchos de los menores también han sido denunciados en algunos casos por maltratar a sus propios padres, a sus compañeras de hogar y a otros niños.
Los actos de lujuria cometidos por menores durante los últimos años suman 151, pero a estos se suman la violación, que en algunos casos es contra otro menor de edad, o sea violación especial, con 246 casos en el mismo período de tiempo.
+574 menores permanecen en centros permanecen en centros de internamiento
Los homicidios, según muestra el recuento de los últimos tres años, fueron 108, pero los asesinatos cometidos por menores de edad llegaron a 157, por lo cual, en ambos casos, los menores le quitaron la vida a 265 personas en este tiempo.
Los delitos o infracciones que se le imputan a los menores infractores son muchos, como las amenazas, la tentativa de homicidio, robo de vehículos, evasión o fuga de centros de internamiento, privación injusta de la libertad, uso indebido de equipo policial, actos de lujuria, entre otros.
Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), señaló que detrás de cada menor de edad cometiendo una infracción hay un adulto.
“Los jóvenes no pueden portar un arma de manera ilegal, sino es que un adulto se las ha dado, que puede ser parte de crimen organizado, de las maras y pandillas, pero también de estructuras del Estado”, señaló.
Para el defensor de los menores, el problema es que siempre se está viendo a las víctimas (los niños) como los responsables y a los mayores, que son los verdaderos culpables, no se les investiga.
Otro problema es que en distintas administraciones no se ha logrado construir una verdadera estrategia que permita contar con centros que tengan todos los servicios y una metodología adecuada de orientación vocacional en diferentes áreas.
De interés: Centros de menores no están hechos para proteger al infractor
Consideró que se necesita una atención especializada de psicólogos y trabajadores sociales que puedan tener un abordaje con las familias y comunidades de donde vienen estos menores infractores.
El informe del CEDIJ revela que alrededor del 50% de los menores acusados reciben una sentencia condenatoria y van a parar a los centros de internamiento, el resto son absueltos, van a conciliación, reciben sobreseimiento definitivo o prescribe la acción penal.
Por ejemplo, de enero a mayo de este año 702 jóvenes se han sometido a un proceso judicial por diferentes delitos, pero solo 307 han sido condenados, 36 fueron absueltos, cinco fueron a conciliación, 63 recibieron sobreseimiento definitivo y en 186 casos prescribió la acción.
2%Según organizacionesdefensoras de la niñez, las infracciones cometidas por menores apenas llegan a un 2% de los delitos cometidos en Honduras y participan más en robo, extorsión, narcomenudeo y armas. |
De acuerdo con la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), entre el 25 y 30% de los capturados en lo que va del año son menores de edad, pero en los juzgados reciben un trato preferencial por su condición de ser niños o adolescentes.
Análisis de la Fuerza de Seguridad Insterinstitucional Nacional (Fusina) establecen que los menores de edad a diario son utilizados por los grupos criminales para cometer una serie delitos, pero al final son los jueces los que deciden dejarlos en libertad o enviarlos a un centro de internamiento.
El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su articulo 205, establece penas de ocho, cinco y tres año de privación de libertad a los menores, pero solo en casos graves.
 |
INAMI busca presupuesto para comenzar en el 2018
Mientras las fugas persisten y los casos de menores involucrados en hechos criminales aumentan, el gobierno trabaja en la asignación del presupuesto del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI).
Felipe Morales, director de este instituto, en entrevista con EL HERALDO adelantó que en enero asumirán la responsabilidad.
¿Cuál va a ser la diferencia del INAMI con el sistema actual?
Hay tres diferencias básicas, una de ellas es que vamos a extremar las medidas de seguridad de acuerdo con las políticas y disposiciones del señor Presidente de la República (Juan Orlando Hernández), el otro aspecto es dotar a esta nueva institución del equipo humano adecuado y contar de los recursos materiales y operaciones necesarios.
¿En cuánto tiempo estará todo listo?
El Presupuesto General de la República inicia su vigencia en enero de todos los años, esperamos que para enero de 2018 ya tenga el INAMI su estructura presupuestaria en plena vigencia, pero en este período de tiempo estamos iniciando la etapa de transición.
¿Ya están tomando forma?
Ya estamos trabajando y de acuerdo con la ley le corresponde al INAMI la atención a un programa de medidas sustitutivas de internamiento a los menores, de tal manera que en plena armonía con el Código de la Niñez y los hechos que determinen los jueces y fiscales, se podrán hacer objetivo de medidas sustitutivas a los menores que no hayan delinquido de formar tan extrema, para evitar que se mezclen con aquellos que han cometido crímenes o delitos más significativos a los niveles de la ley.
¿De cuánto va a ser el presupuesto?
En este momento hay una asignación de 13 millones y fracción de parte del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), pero aparte de esto va a tener que haber una aportación de Estado para completar esa operatividad.
¿El INAMI va amanejar todos los centros pedagógicos?
Sí señor, y aparte de esto, los programas de medidas sustitutivas que tienen que operar en oficinas regionales, porque se suscitan hechos en San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y en otras ciudades importantes del país, y lo más indicado es que sea en este nivel cercano a los hogares y juzgados que sean atendidos.
¿Analistas dicen que el sistema actual no funciona?
Tenemos que hacer una mezcla de ponderaciones, una de ellas es que deben prevalecer los derechos humanos de los menores y también debe primar en ese mismo nivel el interés superior del niño y la sociedad.
 |
Menores deben ser tratados de acuerdo a los delitos cometidos
El pastor y director del Proyecto Victoria, Mario Fumero, recomendó clasificar la privación de libertad de los menores en tres grupos: a, b y c.
La clasificación “a” puede ser los delitos leves, mandarlos a un centro de régimen abierto como Proyecto Victoria u otro, donde se le dé la oportunidad de superación.
La clase “b” pueden ser delitos graves como asaltos, robos o acciones como amenazas y coacción, aplicándole un régimen cerrado con una metodología de modificación de conducta.
La sección “c” sería para los delitos muy graves, como los pandilleros, que han asesinado, descuartizado y que tienen una tendencia psicópata, teniéndolos en un régimen cerrado con un método de modificación de conducta, pero los que trabajan con ellos no debería tener rostro para que no sean amenazados, ya que eso es lo que está pasando.
