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Tegucigalpa, Honduras
Habilitar espacios donde se ejerza la prostitución de manera legal buscan en la actualidad las mujeres trabajadoras sexuales (MTS).
Esta propuesta fue presentada a finales del año pasado a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD) y representantes de la Corporación Municipal.
Las representantes de la Red de Trabajadoras Sexuales (Redtrasex) de Honduras fueron las que presentaron esta iniciativa, pues consideran que es momento de que se les otorguen espacios propicios para este tipo de labor.
La propuesta consiste en solicitar la reapertura de burdeles en Tegucigalpa, como un proyecto piloto en el país a manera de que se pueda replicar en otras ciudades donde está presente la Redtrasex, por ejemplo, en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua.
Además de que se establezcan horarios de trabajo para que las mujeres trabajadoras sexuales puedan emplear los espacios públicos de manera organizada.
Y es que dentro de la iniciativa también se contempla que se permita el libre tránsito de las sexoservidoras en busca de clientes.
Las sexoservidoras han informado a EL HERALDO que tan solo buscan que se les respete el derecho de trabajar que tienen todas las personas, basado en el artículo 127 de la Constitución de la República de Honduras.
Esta normativa establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Según las representantes de la Redtrasex, establecer un marco legal para el trabajo sexual garantizará mejores condiciones de vida de las mujeres que se dedican al antiguo oficio.
Las sexoservidoras además consideran que de ser aceptado contarán con otros beneficios como acceso a créditos.
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De manera que consideran necesario definir qué es el trabajo sexual, qué derechos y obligaciones se contraen con el ejercicio de esta actividad y el compromiso del Estado con las políticas que les involucran.
Según Regina Barahona, coordinadora de la Redtrasex, en Honduras la regulación de este trabajo vendría a disminuir la persecución, marginación y estigmatización que experimentan las mujeres al dedicarse a la venta de sus cuerpos.
La normativa que proponen las representantes de las sexoservidoras incluye que las comerciantes del sexo puedan ejercer de manera libre el trabajo en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador.
Además de acceder a los sistemas básicos de seguridad social que garanticen la asistencia médica acorde a las necesidades de esta población.
Y es que al no ser un trabajo regulado, esta actividad conlleva a que muchas de las féminas dedicadas a este oficio deban de ejercerlo de forma clandestina y en situaciones inhumanas, ya que los espacios donde brindan el servicio no reúnen las condiciones sanitarias necesarias.
Ante esta situación las autoridades de SDHJGD explicaron que esta institución puede participar en impulsar esta iniciativa, mas no autorizarla debido a que esto corresponde a las autoridades de la comuna capitalina.
Sin embargo, cuando es necesario realizar la supervisión de algunos aspectos se hace la intervención por parte de la SDHJGD.
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Operativos
“Hace dos años nos dimos cuenta de algunas casas de masajes que se anunciaban en los medios de comunicación con fotos de mujeres desnudas y eso nos llevó a descubrir que algunas funcionaban como burdeles disfrazados”, manifestó José Herrera, director de Régimen Departamental de la SDHJGD.
Herrera solicitó a las autoridades locales ser más responsables en el otorgamiento de los permisos de operación de los negocios que puedan involucrar este tipo de oficio.
También anunció para la práxima semana intensos operativos para revisar este tipo de negocios. Además, aclaró que las zonas de tolerancia, como le llaman a los espacios en los que se permite la prostitución, no están regulados.
Los representantes de esta institución en conjunto con otras organizaciones comenzaron a evaluar la posibilidad de reinaugurar los antros, regulados y controlados por el Estado.
“Una de las principales preocupaciones que nos comentó el alcalde Nasry Asfura, es que el propio centro de la ciudad se ha convertido en un establecimiento en que las MTS ofrecen sus servicios, y que muchas de las mujeres que se instalan allí no son controladas por el Ministerio de Salud”, comentó Herrera.
Y es que el funcionario recordó que cuando operaban los burdeles en la zona de Belén, antes de que fueran cerrados en 1998, el control sanitario era mejor, debido a que las mujeres recibían visitas de las jornadas de salud.
“Este proceso ha quedado en evaluación, todavía hay que continuar con este análisis, y las autoridades de la Alcaldía deberán controlar la situación”, expresó el especialista.
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A consideración de Herrera, establecer zonas de tolerancia conllevará a un compromiso para regular esta actividad de manera constante y transparente. Sin embargo, el primer paso para concretar esta situación sería la de legalizar el trabajo mediante una ley desde el Poder Legislativo, pero deberá involucrar a todos los actores.
En cuanto al manejo irregular de algunos moteles y hospedajes con el ingreso de los clientes, Herrera detalló que es obligación de la gerencia de estos negocios, llevar un control de la identidad de las personas que ingresan a estos lugares.
Además de que algunos de estos espacios son vigilados con cámaras de seguridad.
Regular las condiciones de higiene y salubridad de los moteles corresponde a las autoridades de Salud, en conjunto con la comuna capitalina, según explicó el funcionario, pero “de encontrar espacios que no cumplan con la normativa, deberían ser sancionados y cerrados”.
Por su parte, Elvia Ardón, directora general de normalización de la Secretaría de Salud, expresó que las autoridades de Salud se han quedado cortas con la regulación de los espacios de trabajos de esta población.
“Son condiciones infrahumanas, además de que son caras porque algunas pagan su hospedaje, son condiciones sucias, huelen a marihuana, las mujeres son utilizadas”, manifestó Ardón.
Asimismo, “hay muchos de estos lugares cuyos propietarios son pareja de algunas de estas mujeres”.
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Entre 2013 y 2016 hubo 28 MTS asesinadas
La violencia que experimentan las trabajadoras sexuales en el país ha dejado como saldo 28 mujeres muertes desde septiembre de 2013 a septiembre de 2016.
La mayoría de estas mujeres fueron identificadas por sus propias compañeras. Los hechos violentos se reportaron en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Cortés y Francisco Morazán.
El responsable de ocho de los casos ya fue condenado por el delito de asesinato en perjuicio de trabajadoras sexuales en la ciudad de San Pedro Sula, según el expediente 141-2015, del Ministerio Público, en la Fiscalía Especial de Delitos contra la vida.
Otros casos están asignados a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) o a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
En los demás casos las autoridades han ordenado el auto de requerimiento investigativo, y han solicitado remitir los avances a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en un tiempo estipulado. Las denuncias las realizan las representantes de la Redtrasex.
El barrio Belén aún es un centro de prostitución
Pedrito Rico fue a uno de los burdeles del barrio Belén localizado en Comayagüela donde los clientes de las trabajadoras sexuales disfrutaban de momentos de grata compañía.
Sin embargo, en 1998 el entonces alcalde del Distrito Central, César Castellanos, ordenó cerrar los prostíbulos que funcionaban en esta zona, reconocida por albergar decenas de prostíbulos.
Ante la clausura de estos espacios, las trabajadoras sexuales comenzaron a ofertar su cuerpo de manera ambulante, pero con el transcurrir del tiempo la zona se volvió a reactivar.
Y es que en Comayagüela, estos sitios son disfrazados de antros, discotecas y bares. Además de que algunos no son identificados y otros son camuflados como casas de masajes y de spa.
En el Distrito Central funcionan decenas de centros de masajes camuflados; algunas han sido desmanteladas por las autoridades pero otras continúan vigentes y anunciándose a través de las redes sociales.
Dentro de estos lugares se brinda servicio de nueve de la mañana a siete de la noche. En estos lugares se cobran desde 500 hasta 5,000 lempiras, dependiendo del servicio que se reciba.
De manera que las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, explicaron que en la actualidad hacen operativos más definidos y controlados para desarticular redes de proxenetismo en el país. No descartaron ejecutar nuevas acciones en la capital.
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