Recordó que Honduras es conocida internacionalmente por su alto índice de corrupción y ahora, al contar con una legislación que oculta los actos públicos utilizando como justificación la seguridad nacional, demuestra que la falta de transparencia y corrupción es auspiciada por las mismas autoridades del gobierno.
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Lamentó que el fiscal general del Estado, al estar en el CNDS, forme parte de los funcionarios que sin mayores fundamentos clasifican como secreta información pública. “¿Qué está haciendo ahí el fiscal general?”, cuestionó Orellana.
De la misma manera deploró que el Poder Judicial esté también entre los que clasifican información como secreta, ya que eso les hace perder independencia al momento de conocer algún recurso que interponga cualquier peticionario al que se haya denegado una información de carácter pública.