Este concepto fue establecido en el paquete de reformas aprobadas en la Ley Especial de Lavado de Activos que fue aprobada la semana anterior por el Congreso Nacional -en medio del Feriado Morazánico- y que es considerada una acción de hostigamiento para quienes luchan contra la corrupción.
Pero, ¿qué es una Persona Expuesta Políticamente?
De acuerdo con los analistas, es la identificación de sujetos de alto riesgo para lavar activos con fondos que provengan del extranjero.
La definición número 32 de la reforma señala que son personas PEP “aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en el país o en el extranjero, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función dentro o fuera del país, organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos, veeduría, investigación y evaluación”.
La lista incluye a funcionarios o miembros de partidos políticos.
Los analistas aseguran que esta definición tiene nombre y apellido: el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que han denunciado a funcionarios y diputados implicados en el drenaje de fondos públicos.
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Es decir que ahora son consideradas asociaciones de alto riesgo para lavar activos.
Lesther Ramírez, representante de la ASJ, considera que la inclusión no es porque perciben fondos de organismos internacionales para realizar sus investigaciones sino porque en tiempos de campaña los políticos se sienten amenazados ante cualquier denuncia.
“Muchos políticos que están acostumbrados a malversar fondos públicos, especialmente en tiempo de campaña, se sienten amenazados y, por otro lado, están dejando la mesa lista en caso de que no lleguen al poder para que nadie los toque después”, aseguró Ramírez.
“Esto ha sido una práctica del Congreso Nacional de desmantelar el Estado de derecho, leyes y reformas que se han aprobado, mucho de los pactos de impunidad, que ahora tiene que pasar todo por el Tribunal Superior de Cuentas, entonces esto es parte de todo este desmantelamiento que se ha visto”, denunció. Dijo que ningún país de América Latina ha implementado leyes contra el lavado de activos que incluya a organizaciones de sociedad civil.
Para la directora del CNA, Gabriela Castellanos, esta reforma es “el cierre del eslabón pendiente para que el combate a la corrupción duerma en los laureles de la impunidad, puesto que desde ya anunciamos que no habrá resolución de justicia en los casos que Uferco junto al acompañamiento de la Maccih y apoyo del CNA se lograron judicializar.
La inclusión fue calificada por Castellanos como un nuevo golpe a la lucha contra la corrupción, ahora enfocando sus artimañas con las pocas organizaciones de sociedad civil que hemos quedado para hacerle frente al flagelo.
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