Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal de Sentencia ordenó este martes a la Dirección del Centro Penitenciario de El Progreso dejar en libertad a la exjueza hondureña Wendy Vanessa Caballero Reyes.
A Caballero se le supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública de Honduras.
La ordenanza del Tribunal de Sentencia se da luego que el pasado 1 de febrero la Corte de Apelaciones de lo Penal modificara y ordenara el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
En ese sentido, la acusada queda en libertad pero no podrá salir del país. Además, se le prohíbe comunicarse con personas determinadas o vinculadas al caso.
De igual forma, autoridades enviaron alerta a la Dirección General de Migración y Extranjería como a la Dirección de la Policía Nacional para mantener vigilancia e impedir la salida de Caballero de Honduras.
Señalamiento
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso EL HERALDO, la ahora exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes venía colaborando con integrantes del crimen organizado y delincuencia común, según las acusaciones presentadas en su contra por el Ministerio Público.
La exadministradora de justicia fue detenida el 21 de diciembre del 2013 por haber otorgado arresto domiciliario al presunto narcotraficante Alexander Montes Aguilar, por lo que fue acusada por los delitos de abuso de autoridad y cohecho en perjuicio de la administración pública.
También había sido señalada por la Fiscalía por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de colaboración para la evasión en perjuicio del Estado de Honduras.
La entonces jueza habría cometido el delito el 16 de agosto de 2012, cuando agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) capturaron a José Adalid Hernández Iriarte en posesión de un arma de fuego, de la cual no portaba sus respectivos documentos.
Al momento en que los agentes verificaban en los archivos policiales constatan que el detenido gozaba de medidas sustitutivas por el delito de portación ilegal de armas y que tiene una orden de captura pendiente por el asesinato del abogado Héctor Javier Padilla, ocurrido el 6 de junio de 2012.
El Tribunal de Sentencia ordenó este martes a la Dirección del Centro Penitenciario de El Progreso dejar en libertad a la exjueza hondureña Wendy Vanessa Caballero Reyes.
A Caballero se le supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública de Honduras.
La ordenanza del Tribunal de Sentencia se da luego que el pasado 1 de febrero la Corte de Apelaciones de lo Penal modificara y ordenara el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
En ese sentido, la acusada queda en libertad pero no podrá salir del país. Además, se le prohíbe comunicarse con personas determinadas o vinculadas al caso.
De igual forma, autoridades enviaron alerta a la Dirección General de Migración y Extranjería como a la Dirección de la Policía Nacional para mantener vigilancia e impedir la salida de Caballero de Honduras.
Señalamiento
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso EL HERALDO, la ahora exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes venía colaborando con integrantes del crimen organizado y delincuencia común, según las acusaciones presentadas en su contra por el Ministerio Público.
La exadministradora de justicia fue detenida el 21 de diciembre del 2013 por haber otorgado arresto domiciliario al presunto narcotraficante Alexander Montes Aguilar, por lo que fue acusada por los delitos de abuso de autoridad y cohecho en perjuicio de la administración pública.
También había sido señalada por la Fiscalía por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de colaboración para la evasión en perjuicio del Estado de Honduras.
La entonces jueza habría cometido el delito el 16 de agosto de 2012, cuando agentes de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) capturaron a José Adalid Hernández Iriarte en posesión de un arma de fuego, de la cual no portaba sus respectivos documentos.
Al momento en que los agentes verificaban en los archivos policiales constatan que el detenido gozaba de medidas sustitutivas por el delito de portación ilegal de armas y que tiene una orden de captura pendiente por el asesinato del abogado Héctor Javier Padilla, ocurrido el 6 de junio de 2012.
