TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una aplicación justa e imparcial de la ley, basada en el derecho y no en expresiones externas, son las peticiones que hicieron los familiares de los condenados por el crimen de la ambientalista, Berta Cáceres.
La petición se da tres semanas después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) admitiera un recurso de revisión a favor de Sergio Rodríguez, uno de los condenados en el caso.
En el recurso, la defensa de Rodríguez expone que ha sido objeto de violaciones a los derechos humanos de parte de los entes contralores de justicia porque durante el juicio no se presentaron pruebas de su participación en el crimen de la ambientalista.
“No hay evidencia sólida o decisiva que conecte a mi padre directamente con el crimen por el cual ha sido injustamente juzgado y condenado”, afirmó Ingrid Rodríguez, hija de Sergio Rodríguez.
Aseguró que la decisión del tribunal internacional ha renovado las esperanzas de la familia y los abogados defensores.
“No es justicia condenar a inocentes, como es el caso de mi amado padre, y una justicia tardía tampoco es justicia”, señaló.
Investigación independiente
Expertos independientes, de acuerdo con la denuncia, “descubrieron conversaciones fabricadas y manipuladas para crear una narrativa falsa y buscar condenar injustamente a personas inocentes, además de tergiversación y omisión de mensajes para darle un contexto falso a las conversaciones”
Según los familiares de los acusados, “el caso de Berta Cáceres ha sido influenciado por una situación mediática internacional en lugar de seguir un verdadero Estado de derecho”.
Rodríguez enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva del caso para garantizar que se haga justicia de manera equitativa y objetiva a fin de que “la verdad prevalezca y se restaure la integridad del sistema judicial, permitiendo que aquellos que son verdaderamente inocentes encuentren la justicia que tanto anhelan”.
El 29 de noviembre de 2018, Rodríguez Orellana y otras siete personas fueron encontrados culpables por el crimen de la ambientalista Cáceres. El 2 de diciembre de 2019 fue condenado a 30 años y seis meses de reclusión.
