Tegucigalpa, Honduras.- Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 14 de octubre de 2024, el Ministerio Público (MP), bajo el mandato del fiscal general, Johel Zelaya, emitió requerimientos fiscales contra ocho altos funcionarios de los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández.
Además, el fiscal quien está en el ojo del huracán por utilizar el instrumento de cadena nacional para ventilar una acusación contra el precandidato nacionalista, Nasry Asfura, abrió procesos legales contra 12 exfuncionarios más de segunda y tercera categoría dentro del engranaje estatal de ese momento.
Con tan sólo una semana de haberse sentado en el puesto de fiscal, Zelaya ordenó a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), se iniciara el proceso de encausamiento contra la exministra de la Secretaría de Finanzas, Rocío Isabel Tábora Morales; esto por vinculaciones con la compra irregular de siete hospitales móviles durante la pandemia del covid-19, en 2020.
Por esta misma causa se emitió órdenes de captura contra la exministra de salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino y la exviceministra de finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado; señaladas por el MP, por fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Otros funcionarios
El 23 de septiembre del presente año, el MP presentó un nuevo requerimiento fiscal contra el exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), por la compra de ventiladores mecánicos que serían utilizados para la atención a pacientes con covid-19, adquisición con la que se habría causado un perjuicio al Estado de honduras de más de 63 millones de lempiras, según el MP.
Aparte de los mencionados están los exaltos funcionarios de JOH, los exministros de la presidencia de la República, Ebal Jair Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, el exministro de Gobernación y Justicia, Héctor Leonel Ayala Alvarenga y la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati Faraj.
Una gran parte de estos ya tienen condenas concretas de prisión.
Las autoridades del Ministerio Público han comparecido públicamente para asegurar que no existe ninguna persecución política contra miembros del Partido Nacional.
