Tegucigalpa, Honduras.- El Fiscal General, Johel Zelaya, reaccionó este jueves a la decisión de la Corte de Apelaciones de Tocoa, Colón, de revocar el sobreseimiento definitivo de los defensores de Guapinol, a solo cinco días del asesinato del ambientalista Juan López, quien era uno de los acusados.
“He ordenado una investigación imparcial y objetiva a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, tras haber emitido “ha lugar” un recurso que revoca el sobreseimiento definitivo para los defensores del ambiente de Tocoa, Colón. Asimismo, he instruido que se investigue al fiscal encargado del caso. Reafirmo mi compromiso de hacer justicia. No permitiremos abusos ni confabulaciones de ningún tipo!!”, escribió Zelaya a través de X.
Revocan sobreseimiento
El mismo Ministerio Público de Zelaya había apelado el sobreseimiento contra Juan López (asesinado), Carlos George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos, a quienes se les acusaba de privación injusta de libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
Los ambientalistas y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos de Tocoa fueron detenidos en 2019 por oponerse a un proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), alegando que está en una zona protegida y que afectará los ríos Guapinol y San Pedro.
En febrero de 2022, la defensa de los cinco ambientalistas interpuso un amparo señalando que se les había violentado el debido proceso, por lo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les dio un sobreseimiento definitivo.
Conadeh preocupada por la criminalización
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también mostró su preocupación por la criminalización contra los cinco defensores del Río Guapinol, luego que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, revocara el sobreseimiento definitivo.
A través de un comunicado, el organismo de derechos humanos aseguró que esta decisión lo que hace es reforzar la “criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, tierra y territorio y, deslegitima la actividad de defender que estas realizan”.
Asimismo, manifestó que “encuentra que esta decisión judicial aumenta la situación de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades defensoras del sector (...) el Estado tiene la obligación de evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos, por lo cual, debe evitar que mediante investigaciones judiciales se les someta a juicios injustos o infundidos”.
Ante la situación, también instó al Poder Judicial y al Ministerio Público a que se abstengan de continuar estos procesos en contra de los defensores de derechos humanos y del ambiente “quienes, por la naturaleza de su labor, tienen un papel fundamental y relevante en las sociedades democráticas”.
