TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Fondo Departamental, que este gobierno nuevamente quiere aprobar con otro nombre, solo ha servido a lo largo de su historia para comprar voluntades, disciplinar, castigar y chantajear a los diputados, según criterio de diversos sectores.
Esta forma de entrega de dinero a los diputados, una iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), nunca ha gozado de buena reputación. Como se comprobó que el Fondo Departamental se volvió una fuente de corrupción en el Poder Legislativo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.
Hasta finales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Fondo Departamental lo manejó el presidente del Congreso Nacional, pero cuando asumió Juan Orlando Hernández, en enero de 2014, su distribución quedó a discreción del Ejecutivo.
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Para el abogado Lester Ramírez, desde el gobierno de Manuel Zelaya esos recursos siempre sirvieron para el chantaje. “Fue una manera de mover dinero y comprar voluntades para la cuarta urna. Ahora, si estamos pensando en que se quiere hacer una constituyente ya sabemos cómo se va a mover ese dinero de nuevo”.
“No lo dude” que detrás de ese gran interés de volver a imponerlo, en momentos en que se busca nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), tenga la finalidad de controlar y el asegurar el voto de los diputados, sostuvo Ramírez.
De acuerdo con Ramírez, lo mismo sucedió en el gobierno de Juan Orlando Hernández, pues con ese dinero él mantenía felices y bajo control a los congresistas tanto de su partido como a los de la oposición.
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Ese fondo “siempre se utiliza políticamente como mecanismo para disciplinar a los diputados del partido, para premiarlos en función de las lealtades o castigarlos”, analizó.
Recordó que ese tipo de recurso es una manera de hacer políticas pública en materia de desarrollo en países muy pobres como Honduras, pero al final lo que produce es más desigualdad “porque usted como gestor de estos fondos no puede cubrir toda la población, entonces los focaliza donde tiene un voto asegurado y excluye otras poblaciones”.
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El precio
Por su parte, el exdiputado Juan Carlos Elvir sostuvo que “lo que para un segmento de la ciudadanía ha sido malo antes, va a seguir siendo malo hoy”.
No se puede desconocer que un líder tiene exigencia de carácter físico y económico en su departamento y por consiguiente “eso le pone precio”.
Todos los gobiernos han manejado este fondo y lo que han hecho es matizarlo de una forma u otra porque ante la opinión pública eso no es positivo.
“Yo siempre fui de la opinión que lo mejor es reglamentarlo adecuadamente y buscar mecanismos de auditoría o de ejecución que garanticen que los recursos lleguen donde deben de llegar”, consideró.
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Como no hay un control, el Fondo Departamental se convierte en un mecanismo de chantaje y de abuso de poder porque al quedar en manos del presidente, su distribución se realiza de manera discrecional y nunca de manera equitativa, precisó Elvir.
Entre tanto, el diputado Yavhé Sabillón sostuvo que el problema del Fondo Departamental fue cómo se manejó en el pasado. “Tengo entendido que ahora lo que quieren aprobar es que el diputado sea un gestor, es decir que no recibirá dinero”.
Aseguró que él no está de acuerdo en que el diputado maneje dinero. “A eso me opongo rotundamente porque el diputado lastimosamente en el pasado ha dejado mucho que desear con actos de corrupción con el mal manejo de los recursos públicos”.
Sabillón cree que con esa óptica se están aprobando esos fondos. “Nosotros estamos claros que como bancada no vamos a apoyar que esos recursos se manejen en dinero efectivo a nombre del diputado, debe ser a nombre de las comunidades. El diputado no debe tocar dinero en efectivo”.
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