Tegucigalpa, Honduras.- El fuero o inmunidad parlamentaria se ha vuelto motivo de debate luego de la declaración de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en cuanto a la responsabilidad que deben o no enfrentar los diputados que la aprobaron.
La vigencia de la inmunidad, de la que gozan los parlamentarios sin tener responsabilidad alguna sobre los temas que son aprobados en el Congreso Nacional, mantiene a la clase política con opiniones contrariadas, quienes de un lado piden su derogación, mientras otros la ven necesaria.
“Debe procederse a derogar la inmunidad parlamentaria para poder pensar en una posible judicialización y deducir responsabilidades de delito a aquellos legisladores que apoyaron este proyecto”, fustigó la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena.
La titular del PSH detalló que el decreto ofrece un blindaje a los diputados por sus actuaciones, incluso los decretos aprobados antes de esta reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, por lo que reprochó que esta atribución solo protege a los diputados vinculados con acciones ilícitas.
“Que haya responsabilidad por el voto que emite un diputado aquí, sobre todo penal, es inconcebible, es insólito, entonces aquí ya nadie va a votar porque usted no sabe si el día de mañana a usted eso le va a acarrear un perjuicio en materia penal”, apuntó el diputado nacionalista Mario Pérez.
Continuó: “Mundialmente los congresos, los parlamentos protegen a los diputados por las decisiones que se toman”.
La reforma aprobada en 2019 del artículo 10A de la Ley Orgánica del CN establece que “la función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa de los diputados que participan en dicho proceso parlamentario”.