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Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta una grave acusación ética y administrativa tras una denuncia formal presentada por Robert Carmona-Borjas, representante de la Fundación Arcadia y víctima registrada por la CPI.
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La denuncia, recibida por la Sala de Apelaciones, el Mecanismo Independiente de Supervisión (IOM) y el Secretariado de Órganos Disciplinarios, apunta al Registrador Osvaldo Zavala Giler, acusándolo de irregularidades en la gestión de la investigación “Situación Venezuela I”.
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El documento, titulado ”Brechas Éticas y Procedimentales del Registrador en la Situación Venezuela I”, detalla varias acusaciones.
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Desde 2018, la investigación “Situación Venezuela I” documenta crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo torturas y persecuciones políticas. A pesar de las pruebas presentadas, la investigación permanece estancada, sin avanzar a un caso formal. El Fiscal Karim Khan ha justificado la inacción citando argumentos de complementariedad, mientras que víctimas y organizaciones denuncian la perpetuación de la impunidad.
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La Fundación Arcadia también señaló un doble estándar en la gestión de la CPI, comparando la falta de acción en el caso venezolano con intervenciones más rápidas en otros casos internacionales. Esta preocupación fue transmitida al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó la necesidad de reformas que garanticen la equidad y la transparencia en la CPI.
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La denuncia representa un reto significativo para la CPI, cuyo rol en la justicia internacional depende de su capacidad para mantener los más altos estándares éticos. Este caso podría sentar un precedente importante en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
