TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los crecientes encarcelamientos y persecución de manifestantes en Venezuela, incluyendo a adolescentes, la Fundación Arcadia pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) adoptar medidas preventivas inmediatas ante la continua comisión de crímenes de lesa humanidad en el país Sudamérica.
La institución insta al Fiscal Jefe de la Corte, Karim Khan, a actuar con urgencia para detener las violaciones sistemáticas y generalizadas que siguen afectando al pueblo venezolano luego de las elecciones presidenciales.
La Fundación Arcadia, ONG dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial, fundamenta su petición en el Estatuto de Roma, que no solo define a la Corte como un órgano para aplicar justicia a través del enjuiciamiento, sino también como un ente preventivo de los crímenes internacionales más graves.
En el documento, la Fundación Arcadia pide una investigación formal sobre la situación en Venezuela y enfatiza que el artículo 53 del Estatuto de Roma autoriza al Fiscal a actuar por iniciativa propia, basándose en información creíble para prevenir que los crímenes ocurran o continúen. En este contexto, la situación en Venezuela presenta un caso claro que exige la intervención inmediata del Fiscal.
“Existen pruebas abrumadoras que indican la existencia de crímenes de lesa humanidad en curso en Venezuela, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, subraya el documento. Estas violaciones han sido documentadas extensamente por organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFMV) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hallazgos de organismos internacionales de lo que sucede en Venezuela
Los informes de la FFMV documentan un patrón sistemático de graves violaciones, que incluye ejecuciones extrajudiciales (ejecutado a individuos sin proceso judicial, apuntando a opositores políticos, activistas y disidentes percibidos).
Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano que incluyen golpizas severas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual, utilizados como herramientas para castigar, intimidar y extraer confesiones o inteligencia.
Por su lado, la CIDH también resume sus hallazgos proporcionando evidencia adicional de las atrocidades en curso en Venezuela. En su presentación más reciente ante el Consejo Permanente de la Organización de la OEA, el 28 de agosto de 2024, destacó que hay terrorismo de Estado y persecución política, fraude electoral y supresión sistemática.
Fundación Arcadia también pide no caer en una interpretación errónea de la cláusula de los “Intereses de la Justicia” en el contexto de Venezuela donde no existen procesos de paz oficiales o negociaciones en marcha que justificarían una demora en la acción de la CPI, pues “la invocación de esta cláusula sería inaplicable y contraproducente”.
En conclusión, exigen que “es un imperativo tanto legal como moral actuar para detener las violaciones en curso en Venezuela. La situación actual, caracterizada por actos de persecución, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, representa un peligro claro y presente para la población civil del país.
