El gobierno hará uso inmediato de los bienes y recursos incautados al narcotráfico, haya o no sentencia definitiva, según una reforma a las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada la noche del miércoles por el Congreso Nacional.
La reforma pasó en único debate, ante la urgencia del gobierno de captar recursos para apoyar presupuestariamente al Ministerio Público, a la Policía con su fuerza TIGRES y a la Secretaría de Defensa con la Policía Militar.
Esta reforma se produce cuando, en esta semana, las instituciones han dado un duro golpe a bandas del narcotráfico que reportan una incautación de bienes de alrededor de 1,500 millones de lempiras (unos 730 millones de dólares).
El decreto aprobado en su exposición de motivos establece que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se ha visto limitada en la distribución de los bienes antes de que se dicte sentencia y que la misma quede firme.
Es procedente que se dicte autorización a la OABI para que distribuya solo a las instituciones que luchan contra el crimen organizado y otras instituciones del Estado que enfrentan la delincuencia.
El uso de los fondos incautados provenientes del narcotráfico y el crimen organizado puede permitir a la Policía Nacional y a las demás instituciones encargadas de brindar justicia y seguridad, que lo hagan en forma más eficaz y eficiente.
El decreto establece en su único artículo: “Reformar el artículo 201 de las Disposiciones Generales del Decreto 226-2012, el que deberá leerse así: Artículo 201. La distribución de los valores y bienes incautados que administra la Oficina Administradora de Bienes Incautados son distribuidos de conformidad con los porcentajes establecidos por la Ley, haya o no sentencia definitiva”.
El diputado proyectista, Mario Pérez, presidente de la Comisión Especial de Seguridad, brindó una breve explicación, en el sentido que la reforma permite que la OABI, cuando tenga administración de dinero en efectivo, sean lempiras, dólares o cualquiera otra moneda, pueda hacer una distribución de ese dinero a los diferentes operadores de justicia.
Concretamente, la reforma permite la distribución de ese dinero antes de que los jueces emitan sentencia sobre los procedimientos que se hayan incoado por las incautaciones, explicó.
Advirtió que si posteriormente los jueces ordenan la devolución del dinero y de los bienes, el Estado deviene obligado a hacerlo.
Pérez justificó que han ocurrido muchos casos en que el dinero incautado (dólares) se ha deteriorado en las bodegas de la OABI, por lo que el gobierno ha acudido al Departamento de Estado de Estados Unidos para que reponga los billetes que han perdido su vida útil.
El diputado pinuista Mario Rivera manifestó que es contradictorio entregar algo al Estado antes de que se conozca una sentencia, y además añadió que por lo general el Estado no cumple esas resoluciones.
El udeísta Sergio Castellanos indicó que el dinero perfectamente se puede depositar en un banco ganando intereses, mientras hay una resolución judicial.
Por su lado, el diputado liberal, Wenceslao Lara, recomendó que se tome en cuenta el destino que se le dará a unos 50 caballos de raza que fueron incautados al crimen organizado y que cada uno vale 50,000 dólares (medio millón de lempiras) y que por no disponer o venderlos corren el riesgo de que se mueran por falta de atención. El congresista sugirió que dichos caballos sean subastados de inmediato.
