TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nombres completos de los oficiales y jefes de pelotones y número de serie de las armas y fusiles que portaba cada elemento son parte de la información que el Ministerio Público (MP) está solicitando a las Fuerzas Armadas (FF AA) para esclarecer 22 muertes reportadas durante la crisis poselectoral del año anterior.
Además se solicitó tener conocimiento de cuántos efectivos militares participaron en las manifestaciones que se reportaron en diferentes zonas del país y al mando de quién andaban.
El ente de investigación considera que con la información que hasta ahora los militares le han remitido no se puede continuar con las indagaciones debido a que lo que han enviado solamente son “generalidades”.
Se hicieron peticiones a las unidades militares donde se reportaron muertes durante las protestas, por ejemplo, si una muerte se reportó en El Progreso, se remitían las solicitudes a los jerarcas de esos batallones.
La intención del MP es identificar si militares tuvieron participación alguna en las muertes.
La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDV) se encuentra realizando una serie de diligencias en torno a solicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto, René Orlando Ponce, información que de acuerdo a los fiscales que judicializan el caso, son importantes para continuar con las investigaciones.
En varias oportunidades, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos e inclusive a través de una mesa técnica que se conformó tras el proceso de las elecciones generales de 2017, se solicitó la información.
Sin embargo, la respuesta de los militares fue que era imposible porque se trataba de información clasificada. La última petición de la información la hizo el propio fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, pero no hubo respuesta alguna.
Esta misma solicitud la hicieron las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero igualmente no respondieron.
Las investigaciones reflejan que fueron autopsiados por la Dirección de Medicina Forense al menos 22 cuerpos de hondureños que fallecieron durante la crisis.
De estos, 17 asesinatos son investigados por fiscales y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, mientras que los otros cinco por la DPI y agentes de tribunales del MP. “Existe una serie de cuerpos autopsiados por la Dirección de Medicina Forense, hemos dicho que son 22, si es producto o no de la crisis eso es justo lo que estamos tratando de investigar”, informó Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público.
Reacción
El jefe de las FF AA, René Orlando Ponce, salió al paso y dijo que si existen responsables, serán juzgados. “Si hay responsables, que sean juzgados. Hemos dado información sobre más de 15 o 17 casos, no necesariamente significa que las Fuerzas Armadas tengan algo que ver en ellos”, señaló. Al mismo tiempo, dijo que “en ningún momento hemos disparado a ningún ciudadano, mis soldados no han sido entrenados para eso”. El miércoles anterior, el Ministerio Público estableció en sus redes sociales que requirió al jefe de las FF AA información necesaria para esclarecer las 22 muertes y otros hechos suscitados en el período poselectoral.
Aseguró que la información que le está solicitando el MP, “la tienen muchas instituciones, las Fuerzas Armadas tiene la información que le corresponde y justamente hemos venido coordinando con el MP para que la misma sea entregada. Parte de los juicios que se han venido ventilando es por la información que nosotros hemos brindado”, dijo en declaraciones en el aeropuerto Toncontín al arribar del exterior.
TSE
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ve con “buenos ojos” que las Fuerzas Armadas aporten al MP un informe completo y detallado de los muertos ocurridos durante la crisis política, según el magistrado Marco Ramiro Lobo. “Este tipo de delitos donde se atenta contra la vida de un ser humano es una obligación del Ministerio Público proceder a su investigación, independientemente de quién sea el ente o la persona que lo haya cometido”.
En ese sentido, añadió que “las Fuerzas Armadas están obligadas a presentar los informes necesarios en relación con los hechos que ocurrieron después de las elecciones generales y que se deduzcan las responsabilidades individuales a quienes ejecutaron este tipo de acciones”.
