TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cualquiera esperaría que las presiones políticas para beneficiar a uno u otro candidato a fiscal general y fiscal general adjunto del Estado se dieran al momento de ser electos en el Congreso Nacional (CN), sin embargo, entre los mismos actores han surgido injerencias de este tipo.
La Junta Proponente que lleva a cabo el proceso de selección y evaluación de candidatos está sometida a presiones políticas y de algunos aspirantes separados en esta fase, aunque la ciudadanía los vincula con el partido de gobierno Libertad y Refundación.
Es el caso de dos de los fuertes aspirantes a ambos cargos Mario Roberto Urquía Fajardo y Luis Javier Santos Cruz, quienes (aunque no han sido eliminados totalmente) anunciaron que interpondrán recursos de amparo ante la Sala Constitucional del Poder Judicial.
A Urquía solo le resta interponer un recurso de amparo ya que agotó la instancia del recurso de reposición sobre la decisión de la Junta al admitir las denuncias en su contra.
Entre tanto, Santos todavía no ha interpuesto el recurso de reposición en respuesta a la admisión del ente colegiado sobre la denuncia presentada, que consiste en una demanda del Estado en su contra incoada por la Procuraduría General de la República (PGR) en el sonado caso de la muerte de la ambientalista Janeth Kawas.
Ambos pretenden seguir en esa carrera para ser fiscales con este recurso de amparo que podría resolverse dentro de los siguientes 60 días de presentado por los recurrentes.
Presión política
Algunos sectores de la sociedad civil temen que esté en marcha una operación de políticos para dejar por fuera el trabajo de la JP y elegir un fiscal con sello o aprobar reformas constitucionales para nombrar un fiscal general y dos adjuntos.
El sociólogo Filadelfo Martínez es de la postura de que lo anormal sería que no hubiesen presiones políticas. “El sistema político hondureño está basado sobre el reparto del poder, las negociaciones de los partidos que se comparten, en este caso, el poder de la cámara legislativa, el Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación”.
Sin embargo, Martínez reconoció que “más allá de lo que uno pudo haber esperado, hasta ahora, el trabajo de la Junta Proponente es aceptable; todos los candidatos que se han quedado fuera del proceso es porque hay argumentos legales. Es un trabajo que ha sido transparente y visible”.
El abogado y analista político Miguel Cálix dice que no ve presiones políticas. “Yo lo que veo es una Junta Proponente calificando tachas y tomando decisiones en función de las tachas presentadas”, expresó, agregando que tiene entendido que la mayoría de los miembros de la Junta simpatizan con las posturas del gobierno, “entonces ¿qué presiones políticas podrían haber?”, se preguntó.
Se reduce la lista
Anoche, la Junta Proponente anunció la exclusión de los postulantes Rita Ondina Núñez Barahona (de afinidad política liberal) y Juan Rafael Soto Aguilar, actual fiscal de Evidencias y Documentos Históricos del Ministerio Público, quedando la lista con sólo 13 candidatos.
