Tegucigalpa, Honduras
Una monstruosa red de corrupción operó entre el 2008 y 2015 en el sistema sanitario del país. La sobrevaloración de medicamentos e insumos médicos no solo fue tramada desde afuera sino que también contó con la complicidad de una red de corrupción conformada por empleados públicos.
Según una línea de investigación que sigue el Ministerio Público, empleados de algunos hospitales y socios de empresas proveedoras de la red sanitaria se confabularon para repartirse millonarias cantidades de dinero por concepto de la venta de medicamentos, pero no al precio real, sino que sobrevalorados.
La investigación en poder del MP, a la que tuvo acceso EL HERALDO, logra establecer la presunta participación de unos 600 funcionarios públicos que desempeñaron cargos en hospitales, regiones departamentales y metropolitanas del país.
Estos funcionarios se desempeñaron como directores de hospitales, regiones sanitarias y direcciones departamentales de Salud en los 18 departamentos del país.
20empleados participaronen el saqueo en un solo centro asistencial. |
Previo a la oferta realizada por las empresas se delegaron comisiones de compra a los diferentes hospitales y regiones del país, mismas que fueron integradas por servidores de la Secretaría de Salud.
Los empleados determinaron que las empresas adjudicatarias reunían todos los requisitos requeridos.
Sin embargo, según la línea de investigación, estas sociedades mercantiles de forma fraccionada y sobrevalorada adjudicaron material e insumo a los hospitales y regionales. “Se acreditó que los integrantes de dichas comisiones de compra son empleados públicos”, indica la investigación.
Y es que para otorgar la venta de medicamentos las autoridades conformaron comités de compras para otorgarle la licitación o la compra privada a las empresas. Dicho comité estaba integrado por seis personas en cada centro asistencial.
En muchos de los casos, las empresas eran las mismas, pero con diferentes empleados públicos.
Los comités estaban conformados en la mayoría de los centros hospitalarios por el director del centro asistencial, administrador, jefe de almacén, jefe de compras, contador y jefe de farmacias.
¿Coimas?
Según las pesquisas, la red de empleados tuvo relación con 12 empresas que, supuestamente, sobrevaloraron medicamentos e insumos médicos en más de 110 millones de lempiras.
“No se descarta que esta suma aumente a los 150 millones de lempiras solo del valor sobrevalorado”, reveló a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Igualmente se investiga si estos empleados recibieron coimas a fin de beneficiar a empresas.
“De forma dolosa los encargados de compra de los diferentes hospitales establecían los montos del contrato para que aplicaran bajo la modalidad de contratación directa o licitación privada, de esta forma reducían intencionalmente el número de oferentes y podían invitar a licitar exclusivamente el grupo de empresas investigadas”, indica el informe en manos del Ministerio Público.
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Relación
Según la línea de investigación, las sociedades mercantiles investigadas han mantenido vínculos familiares o comerciales, participando de manera conjunta con el objetivo de sobrevalorar precios y a asegurar los procesos a nivel nacional en la Secretaría de Salud.
El Ministerio Público sigue dos líneas de investigación. En el primer caso, indaga a las sociedades mercantiles Ciprofarma, Distribuidora Rete, Inversiones Stella Maris, Corinfar, Medicamentos y Equipos e Insumo y Equipos Dentales, dentro del período del 2010 al 2016.
Mientras que en una segunda línea se indaga a las empresas Hondutex, A.A. Inversiones, Distribuidora Olan Sula, Suprod, Tecnomed y Medicare.
El informe revela que una sola familia tuvo participación en la creación de las primeras seis empresas, juntos con otros socios comerciales.
En el caso de Corinfar, fue fundada en 1990 por un matrimonio y cuatro socios más, de acuerdo al testimonio de escritura pública.
Años más tarde este matrimonio involucra a tres de sus hijos en el negocio con la creación de Inversiones Stella Maris. Esta misma familia también constituyó la empresa Promedic.
En 2009 uno de los hijos creó la empresa Ciprofarma, junto con otros socios. Asimismo, en 2010 la madre y uno de sus hijos fundaron la empresa Mediquip. Y finalmente en 2014 fundaron la empresa Insedent.
En el segundo lote también figuran los miembros de otro matrimonio como socios fundadores de la empresa Medicare, la cual fue fundada en noviembre de 2010. Esta empresa vendió material médico a un monto de 19.2 millones de lempiras.
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La empresa Olan Sula fue fundada por la esposa y cuñadas de la empresa Medicare, le vendieron suministros médicos por 2.3 millones de lempiras.
Mientras que en 2006 fue creada la empresa Suprod por dos socios, vinculados comercialmente a la dueña de Medicare.
Asimismo, dos hermanos del principal socio de Medicare fundaron la empresa Tecno Med, que le vendió insumos al Estado por el orden de 19.3 millones de lempiras.
Los mismos esposos crearon Hondutex en el año 2010, que vendió medicamentos a un valor de 2.2 millones de lempiras.
110millones de lempirasse agenciaron las 12 empresas adjudicatarias. |
La misma socia de Medicare constituyó en 1998 la empresa A.A. Inversiones, a la que se le adjudicaron 2.3 millones de lempiras por concepto de compra de medicamentos.
En la mayoría de estos casos, los procesos se adjudicaron de manera fraccionada.
“La información nos proporcionó el detalle de las transferencias de pagos y contratos realizados por los diferentes hospitales y regiones departamentales y metropolitanas del país a las empresas investigadas”, reseña el informe en poder del Ministerio Público.
Este mismo documento indica que se corroboró ante el Registro Mercantil la inscripción de las sociedades mercantiles de las empresas para establecer la inscripciones de sociedades mercantiles y sus socios.
Además, la investigación indica que fue difícil ubicar las instalaciones de las empresas investigadas.
En total fueron 12 sociedades mercantiles las que fueron favorecidas con la adjudicación de contratos y que sobrevaloraron la venta de medicamentos a los centros hospitalarios.
El Ministerio Público indaga si los socios de las empresas se pusieron de acuerdo con los funcionarios públicos para participar en los procesos de contratación efectuados por los hospitales o regiones metropolitanas.
También se investiga si los comités de selección fraccionaron intencionalmente las compras para favorecer al grupo de empresas.
En las escrituras de constitución de cada una de las empresas se evidencia la relación de parentesco y participación social que existen entre los socios de las sociedades mercantiles.
Las 12 empresas investigadas ocasionaron un perjuicio de 110 millones de lempiras por la sobrevaloración de insumos médicos a través de 1,547 órdenes de compra en el periodo 2008 y 2014, según lo indica el informe en poder del Ministerio Público.