Tegucigalpa, Honduras
La guerra contra las drogas no solo tiene como fin la captura de los capos y sus socios, sino también el aseguramiento y confiscación de todos sus bienes.
En Honduras, la lucha contra el tráfico de estupefacientes hasta hace unos meses se había centrado más en la incautación de sus propiedades, como una acción encaminada a debilitar las estructuras del crimen organizado.
Las confiscaciones de lujosas viviendas, grandes haciendas, con ganado de raza y caballos pura sangre, entre otras propiedades, así como el decomiso de fusiles, pistolas, monturas, botas con incrustaciones de oro y toda una serie de vanidades, mostró las excentricidades con que viven y operan los señores de la droga.
De acuerdo con registros de las operaciones, a partir del 2010 la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) comenzaron a golpear las finanzas de ciertos narcotraficantes y lavadores de activos, a quienes les congelaron cuentas bancarias, confiscándoles también todo tipo de propiedades.
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Incautaciones
De acuerdo con información del Ministerio Público, las operaciones para quebrar la economía de las mafias poco a poco se intensificaron alcanzando una mayor contundencia en el 2013 y 2014.
En los últimos cuatro años, solo a cinco familias, un grupo y cinco personas vinculadas con el narcotráfico, la Fescco y la Fiscalía de Privación de Dominios les han confiscado al menos 378 bienes inmuebles entre haciendas, viviendas y terrenos. Igualmente se han reportado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 237 cuentas bancarias y unos 120 vehículos de diferente marca y modelo.
Actualmente, las autoridades de Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) no tienen un valor total de los bienes asegurados porque algunos de ellos se encuentran aún en proceso de avalúo y otro aún no han sido trasladados a poder del Estado.
Operaciones
El 15 de octubre de 2010 la Policía captura en Macuelizo, Santa Bárbara, al guatemalteco Osman Antonio Meza Umaña, acusado por narcotráfico y lavado de activos. Junto a él cae el hondureño Roger Alonso Castro.
En ese momento, al guatemalteco le confiscan una hacienda valorada en unos 200 millones de lempiras, así como 450 cabezas de ganado vacuno y varios caballos pura sangre.
En seguimiento, el 28 de octubre del 2010, las autoridades le incautan, en la aldea El Morro, siempre en Santa Bárbara, una segunda hacienda de unas 200 manzanas y con un valor de unos 150 millones de lempiras.
En la parte alta de la propiedad estaba en construcción una lujosa mansión en la cual se habían invertido entre 15 y 20 millones de lempiras; agregado a esa cantidad, la parte interior con acabados finos de madera de color, sus sistemas de electrificación y otros tendrían un valor de unos 40 millones de lempiras.
De la misma forma, en el 2011, comienza la incautación de las propiedades de Carlos Arnoldo Lobo Alemán- extraditado a Estados Unidos- bienes inmuebles que al final sumaron 37 y 17 embarcaciones.
El 27 de septiembre del 2012 al transportista Arsenio Rodríguez García, las autoridades le confiscaron en la zona norte 22 bienes inmuebles y 20 vehículos
Después de dos años de estar preso Rodríguez recobró su libertad, sin embargo la Fescco todavía cuenta en sus registros los bienes que en su momento le requisaron.
Posteriormente, el 9 de enero del 2013 -cuatro días antes que la Policía encontrara un arsenal en Choloma donde deslumbraba un fusil AK-47 bañado en oro- la Fescco comenzó con la confiscación de las propiedades de Héctor Emilio Fernández Rosa, incautándole 84 inmuebles y 11 vehículos.
Asimismo la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó otros operativo, contra un grupo identificado como vaqueros -ligado a Fernández- al que le confiscaron 64 bienes inmuebles, 15 sociedades mercantiles, 9 cuentas bancarias y 43 vehículos.
Luego el 18 de abril del 2013, días después que el Departamento del Tesoro lo designara como narcotraficante, las autoridades procedieron a incautarle cinco inmuebles y diez sociedades mercantiles a José Miguel Handal Pérez, más conocido como “Chepe Handal”.
De igual manera, a partir del 19 de septiembre del 2013 la Fescco y la Fiscalía de Privación de Dominios le incautan a la familia Rivera Maradiaga, originaria y residente en Tocoa, Colón, más conocidos como Los Cachiros, 62 bienes inmuebles, entre ellos el zoológico Joya Grande, nueve sociedades mercantiles, cuatro establecimientos comerciales, 64 cuentas bancarias y 29 vehículos.
La lucha para despojar a los narcotraficantes de los bienes obtenidos ilícitamente continuó el 26 de junio del 2014, cuando las autoridades tomaron posesión de 11 bienes inmuebles, cuatro sociedades mercantiles, 22 cuentas bancarias y dos vehículos propiedad del narcotraficante guatemalteco Jairo Estuardo Orellana, preso en Estados Unidos.
Los esfuerzos para debilitar al narcotráfico, continuó el 1 de agosto de este año, cuando la Fescco aseguró un total de 20 bienes inmuebles y una sociedad mercantil a los hijos de Ramón Matta Ballesteros, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
Las últimas acciones de confiscación que se conocen son las realizadas a partir del 12 de agosto contra la familia Valle Valle, originaria y residente en la comunidad de El Espíritu, Florida, Copán.
A los miembros de este clan que Estados Unidos designó también como narcotraficantes, la Fescco y la Fiscalía de Privación de Dominio, les incautó 65 bienes inmuebles, 10 sociedades mercantiles, nueve establecimientos comerciales, 142 cuentas bancarias y 15 vehículos.
El 8 de agosto la OABI tomó posesión de seis propiedades embargadas por el caso de lavado de activos y otros delitos imputados al alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y dos de sus hermanos, quienes guardan prisión.
Como los bienes inmuebles quitados al narcotráfico -en los últimos años- son cuantiosos, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado actualmente trabaja en los avaluos para establecer con certeza a cuánto hacienden los 378 bienes inmuebles incautados.
Aparte de esta cantidad, la Fescco registra alrededor de 70 bienes asegurados a personas relacionadas con otras actividades ilícitas y corrupción.
