Tegucigalpa, Honduras
El Instituto de la Propiedad (IP) inició este lunes una investigación para encontrar la última escritura de Casamata y determinar si se ha registrado algún cambio de propietario sobre este inmueble.
Por su parte, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional también anunció que pedirá una investigación y un informe para determinar si es necesario emprender acciones que estén dentro de su competencia.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO dio a conocer comunicaciones a lo interno de la Policía donde se revela que el abogado Mario Tejeda Cáceres, asesor legal de la Dirección General de la Policía, reclamó en la Dirección de Bienes Materiales que el predio donde se ubica el Cuartel General de Casamata es propiedad del general director (retirado) y exdirector de la Policía, Salomón de Jesús Escoto Salinas, y se le tiene que pagar una millonaria cantidad de dinero por concepto de alquiler.
Igual demandó que el inmueble donde se ubica la Policía Nacional en la ciudad de La Ceiba, y en El Boquerón, Olancho, son propiedad de personas particulares.
Debido a que se le sigue una investigación por falsificación de documentos públicos, el profesional del derecho fue despedido, pero como a lo interno de la Policía dejaron vencer los términos para cancelarlo por una falta grave, le tuvieron que pagar prestaciones laborales, pero increíblemente días después fue recontratado a partir del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Ante la supuesta enajenación del inmueble donde se ubica el Cuartel de Casamata, José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, sostuvo que a raíz de lo publicado por EL HERALDO, se inició una investigación para verificar si existe un cambio de dominio de la propiedad y conocer también si se le hicieron agregados posteriormente.
“Yo no me atrevería a calificar el hecho porque desconozco si efectivamente se dio o no”. Si se dio hay que ver en qué circunstancias ocurrió. Si así lo fuera le corresponde a las autoridades competentes investigar eso, porque el Instituto de la Propiedad solo inscribe y califica “los actos respecto a las formalidades extrínsecas porque hay una acción notarial de por medio”.
Al haber una fe notarial, “nosotros presumimos la validez del documento que viene y lo que hace el Instituto de la Propiedad es registrar una transacción”.
El funcionario mostró las compraventas originales que sobre el inmueble de Casamata realizó el Estado de Honduras a partir de la década de los años 30 hasta 1961, “por eso se ha iniciado una investigación, para ver si efectivamente hubo otra transmisión de dominio sobre estos inmuebles”, explicó.
El secretario ejecutivo del IP señaló que quien también lleva la información de la custodia de todos los bienes inmuebles y muebles del Estado es la Dirección de Bienes Nacionales adscrita a la Secretaría de Finanzas y esta entidad está en la obligación de llevar un inventario de las propiedades estatales.
“En este momento desconocemos si existe o no una trasmisión de dominio posterior a las fechas. Lo que sí vamos a hacer nosotros es hacer las investigaciones para verificar ese extremo”, sostuvo Cortés.
“En un caso como el denunciado por EL HERALDO, también deben entrar en juego las instituciones operadoras de justicia y los entes contralores del Estado”. |
Historia
El inmueble donde se ubica el Cuartel General de Casamata fue una donación que le realizó el entonces Ministerio de Gobernación y Justicia a la Policía Nacional en septiembre de 1961.
Así lo revela la ficha de información de campo número 00215508 que presenta el registro digital del Instituto de la Propiedad (IP), en el cual la propiedad aparece bajo la clave catastral 0801-0066-00385.
De acuerdo con este documento, el área de ese inmueble es de 8,163.39 metros cuadrados. Esta ficha fue levantada entre junio y agosto del 2005 por un encuestador, un delineador, una persona encargada del control de calidad y un digitalizador.
De igual manera, en el IP se le pudo dar seguimiento a 16 instrumentos digitalizados en el que se revela que el predio de Casamata el Estado comenzó a adquirirlo por parcelas. La primer adquisición la realizó mediante título supletorio el 10 de diciembre de 1935.
En junio de 1961, el Ministerio de Gobernación y Justicia compró otras 15 parcelas más. En total, los 16 pedazos de tierra le costaron al Estado, en ese tiempo, 86,025 lempiras.
Por otro lado, de acuerdo con la ficha número 84 en el departamento de Catastro de la Alcaldía del Distrito Central, y cuya información fue proporcionada de manera verbal, en la propiedad en mención se ubica una estación policial y el valor monetario del inmueble ronda los 19.5 millones de lempiras.
A nivel interno de la Policía se conoció que cada vez que la Policía ha venido cambiando de nombre, se han realizado nuevas escrituras. Primero se hizo una escritura donde el inmueble estaba a nombre del Cuerpo Especial de Seguridad (CES), pero cuando se le cambió el nombre a Fuerza de Seguridad Pública (Fusep), se inscribió un nuevo instrumento de propiedad; posteriormente en 2003 se habría inscrito una nueva escritura a nombre de la Policía Nacional.
Al haber una fe notarial, “nosotros presumimos la validez del documento que viene y lo que hace el Instituto de la Propiedad es registrar una transacción”. |
+Vea los documentos en poder de EL HERALDO
Depuración
Omar Rivera, uno de los tres comisionados responsables de la depuración de la Policía, aseguró que solicitaría de inmediato una investigación y un informe sobre la supuesta enajenación del inmueble donde se ubica el Cuartel General de Casamata.
Explicó que este grupo de trabajo no tiene facultades para perseguir delitos, pero sí tiene la potestad para determinar la idoneidad del personal de la Policía, sea este miembros de la carrera policial o parte de la estructura administrativa.
Si hay personas de estos niveles que “han participado en algún acto fuera de la ley en el pasado o que intenta beneficiar ahora a un profesional del derecho o a una persona ajena a la institución para apropiarse de algún bien del Estado de la Secretaría de Seguridad o de la Policía, entonces nosotros sí podemos actuar”.
Pero en un caso como el denunciado por EL HERALDO, también deben entrar en juego las instituciones operadoras de justicia y los entes contralores del Estado, añadió.
Sobre las acciones contra quienes dejaron vencer los plazos para despedir al abogado cuestionado y quienes después lo recontrataron, Rivera explicó que en ambos casos hay responsabilidades por colusión o por omisión.
“Imagínese, una persona con orden de captura vigente o con un juicio en los tribunales puede estar trabajando en la Policía. Nosotros buscamos garantizar que ninguna persona sospechosa de un ilícito preste o siga prestando servicio a lo interno de la Secretaría de Seguridad o de la Policía”.
“Nosotros sí podemos ejecutar alguna acción en contra de quienes hayan violentado o transgredido los procedimientos administrativos de la institución”.
La Comisión tiene facultades para poder instar al secretario de Seguridad para que pueda suspender o cancelar a quienes hayan incumplido su deber de funcionario o haya facilitado o participado en la comisión de un delito o de una transacción efectuada que vaya en contra de los intereses del Estado”.
Si un director recontrata a una persona cuestionada, entonces entra en juego las acciones por omisión y deben tomarse las sanciones del caso. Alguien así no es idóneo y no debe formar parte de la estructura, en este caso pude haber una omisión que implica una responsabilidad, analizó Rivera.
“La Policía Nacional está en posesión de las escrituras originales. Sobre la recontratación del abogado Tejeda Cáceres, él efectivamente ha trabajado con la Policía Nacional”. |
Policía
Por su parte, el subcomisionado Luis Osavas, vocero policial, expresó que el hecho que alguien reclame los predios de Casamata y otros terrenos como de su propiedad, “es una noticia que no reviste la mayor importancia (por) que solo es necesario sacar el documento y presentarlo, no tiene mayor relevancia, no hay una demanda contra la Policía, no hay absolutamente nada de eso”.
El vocero policial agregó que no ha escuchado la comparecencia pública del abogado que anda con la escritura reclamando el Cuartel General de Casamata para Escoto Salinas. “No he escuchado de su propia voz que él haya dicho que esos predios o estas instalaciones de Casamata o de La Ceiba” sean suyos.
En todo caso, habría que escucharlo y si tiene las pruebas, “que las pongamos en la mesa, porque la institución policial lleva un registro de todas sus escrituras”, agregó.
Por la tarde, Relaciones Públicas de la Policía presentó las escrituras de 1935 y 1961, pero no mostró las escrituras que se han registrado posteriormente.
