Nota de la redacción. Los ministros de Seguridad y los directores que ha tenido la Policía saben quién es quién en esa institución; sin embargo, por una u otra razón, se volvieron tolerantes, cómplices y hasta partícipes de las fechorías de sus subalternos.
Frente al reclamo de una sociedad amenazada por quienes deben protegerla, EL HERALDO muestra los resultados de investigaciones realizadas al interior de la misma Policía, donde se revelan las andanzas de oficiales y agentes con el narcotráfico, crimen organizado y el enriquecimiento mediante la comisión de todo tipo de delitos.
A finales de 2011, un ciudadano llegó a las oficinas de la Policía de Choluteca
a denunciar que un supuesto narcotraficante, que vivía en una comunidad cercana a Apacilagua, tenía siete millones de dólares para pagar una droga proveniente de Nicaragua.
El agente de análisis que tomó la denuncia informó al jefe de operaciones que en ese entonces era un subcomisario y este lo reportó al jefe departamental, también subcomisionado.
Este ordenó al jefe de operaciones conformar un equipo de seis personas para realizar un operativo de “decomiso”... El presunto narco apareció muerto, los dólares se esfumaron, la Policía de Investigación nunca investigó y del Ministerio Público
nadie espera nada.
Meses después dos policías que participaron en el operativo de la supuesta confiscación fueron acribillados, a uno de ellos los matones le dejaron la marca Z en uno de los costados de su carro, el otro fue ultimado en esta capital.
Uno de los agentes participantes fue trasladado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) en Tegucigalpa
y hoy camina en tres vehículos, uno del año 2010 y los otros dos del 2013, detalló una fuente que en su momento conoció sobre este caso.
En octubre de 2012 el nombre del subcomisionado, que se desempeñaba como jefe departamental, apareció en un listado de supuestos depurados por el director Juan Carlos Bonilla.
La investigación a nivel interno de la Policía, y a la que tuvo acceso EL HERALDO, revela que el oficial antes mencionado estaría “implicado en un asesinato y hurto de siete millones de dólares al narcotraficante en Apacilagua, Choluteca”.
Los señalamientos de enriquecimiento a punta de cañón y de sangre envuelven a un centenar de oficiales y policías, preventivos y de investigación, que vienen utilizando el uniforme y las armas que les confió la sociedad para cometer una gama de fechorías.
Estremecedor
Los informes que la Policía maneja a lo interno y que han sido puestos en los escritorios de los últimos ministros de seguridad, acerca de los oficiales implicados en una escalada de delitos, dan escalofrío y miedo.
En un listado de 202 investigados, 196 son policías, cinco abogados y una secretaria.
Entre los policías aparecen implicados en delitos tres comisionados generales, 12 comisionados, 13 subcomisionados, 16 comisarios, 16 subcomisarios (preventivos y de investigación, incluidas mujeres), 29 inspectores e inspectoras (preventivos y de investigación) y 14 subinspectores y subinspectoras (tres de ellos de baja).
De la escala básica hay dos suboficiales 1; cinco suboficiales 2 y un suboficial 3 de investigación.
Asimismo, están 13 policías clase uno, 5 policías clases dos, 4 policías clases tres; 3 policías de análisis, dos policías motorizados, 46 policías preventivos y 12 agentes de investigación.
En el listado de investigados aparecen también los nombres de una secretaria, dos abogados y tres abogadas que estarían boicoteando la depuración a lo interno de la Policía.
Toda esta información está en Casamata, pero ninguno de los ministros ha querido tomar una decisión contundente, dijo un oficial que confirmó la veracidad de la información.
De los oficiales y policías investigados, 46 aparecen en los listados que el comisionado Juan Carlos Bonilla le remitió al entonces ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, para que fueran separados.
Delitos
El repertorio de delitos que pesan sobre los investigados es aterrador. Ni la institución, ni sus compañeros se escaparon de sus desmanes.
A la Policía le han robado las armas, las municiones, los chalecos, los expedientes investigativos, las computadoras; han negociado las jefaturas, han ordenado tarifa a los agentes, les cobran a los policías una alimentación que no les dan, incluso a un comisionado hasta se le responsabiliza por un desfalco millonario a la Dirección de Tránsito.
Además, se les vincula al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, cometiendo un rosario de delitos como el sicariato, secuestro, asesinatos, asaltos bancarios, extorsión, venta de droga, narcomenudeo, robo de vehículos, robo a narcotraficantes, a diputados -como el que le realizaron a un congresista olanchano en octubre del 2009 cuando le sustrajeron de su carro 1.5 millones de lempiras-. Por este caso los policías involucrados están presos, sin embargo, dos comisionado que se vieron involucrados están libres.
También se les atribuye la obtención de dinero ilícito mediante el proxenetismo, la extorsión a ciudadanos en barrios y colonias, así como a transportistas utilizando muchas veces las patrullas para recoger el dinero.
Los documentos de las investigaciones a lo interno de la entidad encargada de darle seguridad a los ciudadanos también menciona con nombre y apellido a los oficiales que dirigen bandas delictivas dentro de la Policía, así como los que han extraviado paquetes de droga incautada, los que al margen de la ley han hechos operativos ilegales para arrebatar droga, los dedicados al narcomenudeo, los violadores de cadetes en la Academia, los que protegen a oficiales y agentes que delinquen, los que uniforman a delincuentes, los cómplices en el lavado de activos, los involucrados en la fuga de detenidos y reos, los que les pasan armas, celulares y drogas a los presos; los que filtran información al crimen organizado; los que venden los expedientes; los que le roban la indumentaria a los compañeros y hasta los que realizan malos procedimientos administrativos.
En fin, se trata de una red de agentes y oficiales de la policía implicados en diferentes acciones irregulares. Mucha de esta información está en la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), en las oficinas de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, en el
Tribunal Superior de Cuentas
y en la propia Fiscalía.
Masivo retiro de oficiales de policía continuará
La Secretaría de Seguridad, dirigida por el ingeniero Arturo Corrales, ha emprendido en las últimas semanas la operación para el retiro de decenas de oficiales de la policía.
Este retiro es voluntario y la baja que se ha dado es honrosa, aunque los informes internos evidencian que varios de ellos aparecen en el listado negro de la Policía.
Juan Carlos Bonilla, “El Tigre”, retiró a varios policías y los puso a “disposición”, es decir, sin cargo ni responsabilidad, por lo que algunos se fueron a los tribunales de la República.
La nueva cúpula de la Policía, dirigida por el comisionado Ramón Sabillón, sin embargo, ha reintegrado a algunos y otros forman parte de los que ya se han retirado “voluntariamente” de la institución.
Según se conoció, en los próximos días seguirán retirándose más policías.
Igual se espera que concluyan las investigaciones que realiza el Tribunal Superior de Cuentas
y el Ministerio Público.
