TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las nuevas formas y maneras con las que se cometen los delitos han producido a lo largo de las últimas tres décadas -por dar un número- que el sistema judicial hondureño precise de la actualización de muchos de sus códigos y leyes.
Preceptos que datan del siglo XIX y que desde que fueron creados sufrieron muy pocas reformas son el ejemplo vivo de que la aplicación y el trato de la justicia en el país debería de experimentar ciertos cambios. Uno de los claros modelos arcaicos es el Código de Comercio de Honduras, emitido el 15 de septiembre de 1898 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Desde el 1 de enero de 1899, en el país se empezaron a regir esos asuntos del comercio con el nuevo Código, inspirado en el derecho mercantil. Otro de los reglamentos legales que se remonta a más de 100 años es la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT).
Este órgano experimentó muy pocas modificaciones desde su construcción y esto ha pasado factura en la aplicación de una justicia efectiva, vaticinan los propios juristas encargados de aplicarla. Así, unos cuántos códigos más requieren que, tanto los impartidores de justicia, como el Congreso Nacional (CN), se sienten para actualizarlos y se dé una mejor aplicación de la justicia.
Para el exfiscal del Ministerio Público (MP), ahora miembro del staff de abogados del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, el problema fundamental del sistema normativo del país es que hay una dispersión normativa y que se han generado muchas reformas aisladas, acomodadas a intereses particulares. “Tenemos la Ley de Comercio Electrónico, sin embargo, no se han hecho en el marco de una agenda legislativa para actualizarlo. Sí se han hecho algunas reformas, pero aisladas”.
Por este desfase y cuestionable atraso, según el especialista en derecho penal y catedrático universitario, Raúl Pineda Alvarado, “el sistema jurídico hondureño requiere de una revisión general a efecto de actualizarlo con las nuevas líneas de la dogmática”. Esto debería de ser así, porque son leyes que se efectuaron cuando no se habían dado los dos grandes acontecimientos que transformaron el derecho, argumentó Pineda.
El juicio de Nuremberg (entre noviembre de 1945 y octubre de 1946) y la irrupción de la Teoría de los Derechos Humanos. El penalista explicó que actualmente “se da otro fenómeno: el mundo digital. Las leyes, por ejemplo, en materia penal, deben contemplar nuevas formas de delincuencia que tienen que ver con la informática o con aspectos de la identificación de las personas”.
Y en el caso puntual de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que entró en vigencia en marzo de 1906, siendo presidente de Honduras el general Manuel Bonilla, de acuerdo con el magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, esta sí debería de ser revisada. “Es pertinente una nueva ley que regule la relación del Poder Judicial y las atribuciones de los jueces. El jurista recomendó que en el CN “se tomen la liberalidad de poder hacerlo aunado con nosotros en el Poder Judicial”.
