El Ministerio Público (MP) presentó este martes dos requemientos fiscales y una solicitud de apertura de antejuicio contra tres operadores de justicia vinculados a actos irregulares y de corrupción pública.
Tras la captura de cinco miembros de la carrera judicial y fiscal, realizada ayer mediante Operación Medusa, este martes el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia continuó ejerciendo acciones contra los operadores.
Este martes se solicitó un antejuicio contra la Juez de Letras Seccional de Yoro, Keila Jolany Fugón Ávila, por suponerla responsable de la comisión del delito de prevaricato, quien, al margen de la Ley, ordenó la excarcelación de un imputado que ella misma había condenado por el delito de evasión.
Al parecer la jueza habría favorecido al imputado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pese a que esta figura jurídica no podía ser aplicada según la normativa penal vigente.
Específicamente, en dicho fallo, que fue emitido el 4 de enero pasado y fue rechazado por un Juez de Ejecución, la togada dispuso suspender la pena principal de cinco años de reclusión en contra del ciudadano Heber Eliseo Vallecillo Ramírez, violentado lo dispuesto en el artículo 70 numeral 1 del Código Penal, que establece que, como requisito para que un reo goce de dicho beneficio, la condena de privación de libertad no debe de exceder de los tres años.
A criterio del MP, la Jueza Keila Jolany Fugón Ávila, incurrió en el delito de prevaricato, ya que con malicia o conciencia de la injusticia dictó sentencia contraria a Ley para favorecer a un encausado en materia criminal.
Se espera que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula declare Ha Lugar el Antejuicio y autorice a la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia a presentar el correspondiente requerimiento fiscal.
Presentan dos requerimientos fiscales
Por otra parte, se impulsó acción penal en contra del secretario adjunto del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, Héctor Orlando Díaz, acusado de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de evidencias.
Según las investigaciones, el funcionario judicial se apropió de 83 mil lempiras que servían como prueba en un caso de extorsión, donde se decretó un fallo absolutorio a favor de los imputados, por ende correspondía al encausado en su condición de secretario de dicho tribunal custodiar y devolver las evidencias a sus propietarios, no obstante esto no ocurrió.
Finalmente, se interpuso requerimiento fiscal contra el Jefe de la Sub Estación Policial de Langue, Valle, Ever Antonio Sánchez Reyes, por los delitos de cohecho y violación de los deberes de los funcionarios, tras comprobarse que éste solicitó y recibió un soborno de cuatro mil lempiras para dejar en libertad a un ciudadano que fue detenido por conducir su vehículo en estado de ebriedad.
+Cinco funcionarios del Poder Judicial detenidos por actos de corrupción pública
El Suboficial II, adscrito a la Unidad Departamental de Prevención No 17, recibió el dinero en un negocio de venta de repuestos de Goascorán, Valle y por este caso el MP solicitará en el momento procesal oportuno el auto de formal procesamiento respectivo.
La Operación “Medusa” continúa desarrollándose por parte de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
