Miembros de una misión internacional lamentaron este sábado que Honduras muestra ' debilidad institucional' para investigar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, orientándose hacia las personas cercanas de ella, en lugar de buscar a los que la habían amenazado.
El eurodiputado español, Miguel Urbán, manifestó en rueda de prensa con corresponsales de agencias internacionales de noticias que en reuniones que la misión sostuvo desde que llegó a Honduras con personas relacionadas al caso, como familiares, 'se ha cuestionado la institucionalidad hondureña, debilitada de forma terrible a raíz del golpe de Estado del 2009', para llevar a cabo una investigación confiable del crimen.
Urbán forma parte de la llamada Misión Internacional 'Justicia para Berta Cáceres', integrada por doce personas que llegaron de Europa y América para exigir una investigación del asesinato, así como tratar de interceder por el activista mexicano, Gustavo Castro.
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Cáceres, de 44 años, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en La Esperanza, oeste, e hirieron a Gustavo Castro que está protegido por la embajada de México en Tegucigalpa, retenido por las autoridades durante 30 días en calidad de testigo.
El diputado español de Podemos, Pedro Arrojo, también integrante de la misión, denunció que las autoridades hondureñas intentan dirigir la sospecha del asesinato hacia el entorno de las víctimas y a otras personas que recibieron 'anteriores y posteriores amenazas, es decir compañeros del Copinh', afirmó durante la conferencia de prensa.
Arrojo dijo también que las sospechas incluso podrían ser dirigidas contra el mismo Castro, a quien calificó como 'un líder emblemático, no solo en México sino a nivel latinoamericano' y el único testigo del crimen.
Urbán calificó como una 'aberración' que le haría perder credibilidad a Honduras si criminaliza a Castro y a miembros del Copinh, sobre todo porque la dirigente indígena y activista ambientalista llevaba años recibiendo amenazas por sus 'actividades políticas'.
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Según Arrojo, las autoridades hondureñas excluyen de las investigaciones a los empresarios que habían amenazado a Cáceres por oponerse, junto a comunidades indígenas lencas, a la construcción de una represa en un río del oeste del país.
El diputado español afirmó que durante la investigación, la Fiscalía le mostró fotos a Castro, pero de otros miembros del Copinh, en lugar de buscar a otros sospechosos, a pesar de la gran presión internacional para esclarecer el caso, como de Estados Unidos donde senadores llegaron a solicitar al Departamento de Estados suspender la ayuda a Honduras mientras no se castigue a los verdaderos culpables del asesinato.
