A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se amplió las diligencias para verificar de primera mano cuántos ventiladores están funcionando y comprobar si son los adecuados para atender a pacientes diagnosticados con covid-19.
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Asimismo, comprobar si existen insumos que no estén en uso. Los 129 ventiladores mecánicos en cuestión, comprados por el gobierno a través de Copeco, serían distribuidos en 19 hospitales del país para atender la emergencia sanitaria.
En este caso se investigan los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, tras la adquisición de estos insumos que sobrepasa los 47 millones de lempiras.
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