TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Human Rights Watch, una organización de Derechos Humanos, en su informe mundial 2023 dedicó una líneas a Honduras destacando que el país marcó la historia al tener a la primer mujer como presidenta.
“En enero de 2022, Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta mujer de Honduras tras ganar las elecciones por amplia mayoría, con la promesa de defender los derechos humanos. En abril, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y armas”, se destacó en el informe.
También en el capítulo que se le dedicó a Honduras aborda la selección de magistrados de la Corte Suprema, la situación de la lucha contra la corrupción, los ataques a defensores ambientales, violencia contra la mujer y otros temas críticos de derechos humanos.
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Capítulo dedicado a Honduras
En enero de 2022, Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta mujer de Honduras tras ganar las elecciones por amplia mayoría, con la promesa de defender los derechos humanos.
En abril, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y armas.
El sistema de justicia hondureño sufre los efectos de la interferencia política desde hace años, señala.
Al mes de octubre, el gobierno de Castro y las Naciones Unidas estaban en negociaciones tendientes a establecer una comisión internacional para investigar hechos de corrupción.
El Congreso derogó una ley de secretos excesivamente amplia, pero no ha derogado otras leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción.
La violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos producen desplazamiento interno y migración. Entre los grupos más vulnerables a la violencia se incluyen mujeres, defensores de derechos humanos, personas indígenas y afrohondureñas, y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
Independencia judicial y lucha contra la corrupción
La presidenta Castro prometió durante su campaña electoral trabajar por una justicia independiente e imparcial. La débil respuesta del sistema judicial a la corrupción —un problema estructural en Honduras— y una serie de leyes que afectan la capacidad de investigación de los fiscales han permitido la impunidad por actos de corrupción que contribuyen a violaciones de derechos humanos.
En febrero, el Congreso aprobó una amnistía impulsada por el gobierno para personas acusadas “por motivaciones políticas” debido a haber participado en protestas o en la defensa de derechos, incluido el derecho a la tierra, así como para exfuncionarios públicos que se desempeñaron durante la presidencia de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), esposo de la presidenta Castro.
Si bien las organizaciones de derechos humanos apoyaron la amnistía para defensores y manifestantes, diversas organizaciones anticorrupción advirtieron que el lenguaje excesivamente amplio de la ley —amnistía para funcionarios acusados o condenados “por actos propios del ejercicio de su función pública”— podría beneficiar a exfuncionarios que habían cometido actos de corrupción.
En julio, el Congreso aprobó una ley que regula el funcionamiento del órgano encargado de nominar a los candidatos para cubrir las 15 vacantes de la Corte Suprema que se abrirán en enero de 2023.
La ley establece estándares de evaluación para la selección de los candidatos, dispone el carácter público de las sesiones y entrevistas, permite la participación en calidad de observadores de la sociedad civil, los medios de comunicación y agencias de la ONU, y reserva al menos siete lugares para mujeres en la nueva Corte Suprema.
La junta nominadora, como se llama el órgano, inició su labor en septiembre. Sin embargo, la ley no estableció estándares para que el Congreso haga la selección final de los nuevos magistrados de la lista de al menos 45 candidatos enviados por la junta nominadora.
En el pasado, los partidos políticos se han repartido las vacantes entre ellos en función de la proporción de escaños que ocupan en el Congreso.
La selección de los jueces de tribunales inferiores y las decisiones relativas a sus carreras profesionales adolecen de falta de transparencia y criterios claros.
El presidente de la Corte Suprema tiene la decisión final en lo que respecta a la selección, el ascenso, el traslado y las medidas disciplinarias de los jueces de tribunales inferiores. El Congreso tomó una medida muy positiva al derogar en marzo la denominada ley de secretos oficiales.
Autoridades anteriores habían abusado de esa ley al clasificar como secretos, por hasta 25 años, presupuestos, gastos y documentos que no tenían relación alguna con la seguridad nacional.
Al mes de octubre, el gobierno de Castro no había informado al público sobre el uso de un fondo, anteriormente considerado secreto, que cobraba una tasa sobre toda transacción financiera. El Congreso no ha derogado otras leyes que obstaculizan gravemente la facultad de los fiscales de llevar adelante investigaciones contra la corrupción.
A octubre continuaban las negociaciones entre la presidenta Castro y la ONU para crear una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción.
Defensores de derechos humanos
En 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”.
Entre enero y agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre ataques contra 120 defensores de derechos humanos, incluidos 78 defensores del medioambiente y de la tierra.
Según el ACNUDH, estos defensores frecuentemente son acusados o demandados de forma injusta por apropiación indebida, robo u otros supuestos delitos con el objeto de obstaculizar su trabajo.
En febrero, un tribunal anuló, por violaciones del debido proceso, un juicio contra ocho defensores del río Guapinol que se habían manifestado contra la apertura de una mina de óxido de hierro en un parque nacional. El tribunal ordenó la liberación de seis de ellos que permanecían en prisión preventiva y que habían estado más de 29 meses en la cárcel. En 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había concluido que sus detenciones eran arbitrarias.
En junio, David Castillo fue condenado a más de 22 años de prisión como coautor del asesinato en 2016 de la activista ambiental y defensora de los derechos indígenas Berta Cáceres.
Según el tribunal, Cáceres fue asesinada por su oposición a un proyecto privado para construir una represa hidroeléctrica que Castillo dirigía.
La familia de Cáceres y la organización que presidía, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sostienen que hubo otras personas implicadas en ordenar el asesinato y que la fiscalía no las está investigando adecuadamente.
El mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales del sistema de justicia tiene graves falencias.
En enero, su entonces director contó a Human Rights Watch que no contaba con suficiente personal, que carecía de autonomía financiera y que se priorizaban las medidas reactivas en lugar de atender las causas subyacentes de los conflictos.
Tras nombrar a una nueva directora en julio, el gobierno de Castro se comprometió a trabajar en coordinación con la sociedad civil para que el mecanismo fuera más eficaz, transparente y rindiera cuentas.
Ataques contra periodistas
Honduras es uno de los países más letales de América Latina para los periodistas, indicó Reporteros sin Fronteras en 2022.
Según C-Libre, una organización no gubernamental hondureña que aboga por la libertad de expresión, entre 2001 y octubre de 2022 fueron asesinados 98 periodistas, 5 de ellos en 2022.
En solo 10 casos —alrededor del 10 %— los asesinos fueron juzgados y condenados, indicó C-Libre.
Migración, asilo y desplazamiento interno
La violencia, la falta de oportunidades, el desempleo y los desastres climáticos continúan motivando a miles de hondureños a abandonar el país, según estudios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI).
Entre enero y septiembre, 23.146 hondureños —más personas que de cualquier otra nacionalidad— solicitaron asilo en México, según datos del gobierno mexicano. Muchas más personas continúan el trayecto hacia los Estados Unidos.
Los migrantes enfrentan serios riesgos durante el viaje, incluyendo secuestros, robos y discriminación.Según el gobierno de Honduras, 72.111 hondureños fueron repatriados de forma forzosa entre enero y septiembre de 2022, más que en todo 2021, casi todos ellos provenientes de México y de los Estados Unidos, en partes iguales.
Al atravesar Honduras en dirección al norte, migrantes de Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y de otras nacionalidades están expuestos a ser víctimas de graves delitos, como robo, abuso sexual y homicidio.
La violencia de pandillas y las violaciones de derechos humanos llevaron a cerca de 191.000 personas a huir de sus hogares y convertirse en desplazados internos entre 2004 y 2018, de acuerdo con los datos completos más recientes del gobierno.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los grupos más afectados son los niños y niñas sometidos a reclutamiento forzado por parte de pandillas, profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión, sobrevivientes de violencia doméstica, y personas LGTB y miembros de minorías étnicas que sufren discriminación y violencia.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones hondureñas se encontraban bajo control militar desde 2019, pero en agosto la presidenta Castro dispuso que la Policía Nacional se hiciera cargo de los establecimientos por un año, y pidió un plan para transferir gradualmente su supervisión a las autoridades civiles.
Al mes de septiembre, había casi 20.000 reclusos en prisiones con capacidad para menos de 11.000. La mitad de los hombres detenidos y más de la mitad de las mujeres detenidas se encontraban en prisión preventiva, según estadísticas oficiales.
Derechos de mujeres y niñasHonduras tiene el índice más alto de femicidios —definido como “el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género”— de América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El Centro de Derechos de Mujeres, una organización no gubernamental hondureña que monitorea informes de medios, contabilizó 211 femicidios entre enero y septiembre de 2022.
En enero, ONU Mujeres calculó que el 90 % de los femicidios en Honduras queda impune.
El aborto es ilegal en Honduras en todas las circunstancias, y se prevén penas de hasta seis años de prisión para las personas que se sometan a abortos y para quienes los practiquen.
Se prohíbe la anticoncepción de emergencia, a menudo conocida como “pastilla del día después”, que puede evitar el embarazo tras una violación, después de mantener relaciones sexuales sin protección o cuando falla un método anticonceptivo.Orientación sexual e identidad de género.
Las personas LGBT en Honduras continúan sufriendo altos índices de violencia y discriminación en todos los aspectos de su vida, lo que empuja a algunas a abandonar el país.
En mayo, la presidenta Castro se comprometió a aplicar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, que determinó que Honduras había sido responsable del asesinato de Vicky Hernández, una mujer transgénero, durante el golpe militar de 2009.
Entre otras medidas, el fallo ordenó que se creara un procedimiento sencillo y accesible por el cual las personas trans pudieran modificar su nombre y género en documentos oficiales para reflejar su identidad de género.
Hasta octubre el procedimiento no había sido creado.
Derechos indígenasHonduras no cuenta con legislación nacional que implemente el derecho de los pueblos indígenas, conforme al derecho internacional, al consentimiento libre, previo e informado con respecto a medidas legislativas o administrativas que los afecten.
En abril, el Congreso revocó una ley que había creado las denominadas ZEDE (zonas de empleo y desarrollo económico), áreas geográficas en las que se otorgaban a empresas privadas amplia autonomía operativa, que incluía la facultad de establecer sus propios tribunales.
Organizaciones indígenas y garífunas —afroindígenas— sostienen que las autoridades crearon zonas dentro de sus territorios tradicionales sin la debida consulta y que al mes de octubre algunas ZEDE establecidas antes de la derogación de la ley todavía se encontraban en funcionamiento.
Las comunidades indígenas y afrohondureñas señalan la existencia de obstáculos significativos para obtener el título sobre las tierras tradicionales, un área a cargo del Instituto Nacional Agrario.
Derechos de niños y niñasLas frágiles instituciones hondureñas no protegen los derechos de niños y niñas —incluidos adolescentes— ni su acceso a educación y atención de la salud, según denunció la CIDH en 2019.
En 2021, más de 256.000 niños de entre 5 y 17 años trabajaban, según informó el Instituto Nacional de Estadística, y casi un tercio de los menores de 17 años no asistía a la escuela.
El reclutamiento infantil por parte de las pandillas ha hecho que muchos niños y niñas abandonen la escuela y huyan. La edad promedio del primer contacto con pandillas es a los 13 años, indicó un informe de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Actores internacionales claveEn la presidencia de Castro, Honduras mantuvo en su política exterior una postura vacilante con respecto a los derechos humanos. Votó a favor de varias resoluciones de la ONU que condenaban las violaciones de derechos de Rusia en Ucrania.
Se abstuvo con respecto a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renovaban el mandato de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos en Venezuela, e inicialmente votó en contra de una resolución que establecía un grupo de expertos para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua, si bien luego aclaró que su intención era abstenerse.
También se abstuvo en la votación para que se creara una nueva relatoría especial sobre Rusia, pero fue uno de los dos países de la región que votaron a favor de analizar un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre violaciones contra uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en la región de Xinjiang en China.
En la Organización de Estados Americanos se abstuvo con respecto a una resolución en la que se exhortaba a Nicaragua a liberar a presos políticos y a cesar la persecución contra la prensa.
