Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) pudo identificar a unos 20 oficiales como principales autores del asesinato de zar antidrogas Julián Arístides Gónzalez, entre casi 40 señalados en un informe como partícipes en ese y otros crímenes.
Entre los 20 oficiales sobre los que hay más indicios de su participación en el magnicidio hay comisionados generales, comisionados, subcomisionados y un comisario, dijo una fuente de entero crédito a EL HERALDO.
La Fiscalía reactivó la investigación de este caso luego de que EL HERALDO revelara la existencia de un informe policial que indica que integrantes de la cúpula policial elaboraron un plan para matar a González en 2009. González era el jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
La Fiscalía, a pesar de que tuvo conocimiento de los hechos, no profundizó en las pesquisas, no presentó acusaciones y se limitó a acumular vaciados telefónicos de los policías vinculados con el crimen.
Vaciados
Para identificar quiénes tuvieron papeles importantes en los dos asesinatos, el Ministerio Público ha hecho diversos peritajes. Entre las pruebas iniciales que tendría contra los posibles acusados estarían los vaciados telefónicos ordenados días después del crimen de Arístides González, el 8 de diciembre de 2009, en el barrio Guanacaste.
“Entre las pruebas ya tenemos peritajes de documentos, vaciados telefónicos y pruebas científicas, entre otras diligencias que ya han sido realizadas”, afirmó la fuente.
Estos vaciados constan en al menos tres tomos que desde 2009 almacenan polvo en uno de los despachos de los Juzgados de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, ya que la Fiscalía nunca procedió a presentar acusaciones.
Se conoció que en estos vaciados existen comunicaciones entre los ejecutores del hecho y personas que estaban al tanto de la operación.
Acusaciones
De la solidez de las evidencias dependería que en las próximas horas la Fiscalía presente requerimientos fiscales.
El caso sería presentado en los Juzgados con Jurisdicción Nacional, donde ya se presentaron los primeros avances de la investigación como diligencias previas.
La fuente confió que el requerimiento que presentaría la Fiscalía contra el Crimen Organizado en contra de los altos oficiales sería por los delitos de abuso de autoridad, asesinato y asociación ilícita, entre otros.
Justificación
Según el Ministerio Público, el retraso en las investigaciones se debe a que los expedientes policiales donde se documentó la participación de los oficiales en la muerte del funcionario no han sido encontrados en la Inspectoría de la Policía Nacional, ni en ninguna otra oficina de esa institución.
La Fiscalía allanó el Cuartel General Casamata y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera policial en busca de evidencias hace tres semanas, cuando EL HERALDO hizo la denuncia.
Al recopilar la información, el ente acusador detectó que el expediente fue trastocado porque el archivo que se logró obtener difiere del publicado por este medio.
Por lo anterior la Fiscalía no descarta citar a exdirectores de Inspectoría General de la Policía Nacional y a otros funcionarios que tenían acceso a esos expedientes.
El Ministerio Público también piensa llamar a declarar a varios exministros y exviceministros, así como a oficiales que pudieron haber conocido sobre esas alteraciones en los archivos. Mientras tanto, la Fiscalía solo ha llamado a declarar a cuatro oficiales, entre ellos el exdirector de la Policía, Ramón Sabillón, y al actual director general Félix Villanueva.
Ni Sabillón ni Villanueva enviaron el informe investigativo del crimen de González al Ministerio Público.
Ambos oficiales aseguran que nunca tuvieron acceso al documento.
No obstante, una fuente del Ministerio Público confió a EL HERALDO que fiscales y policías se reunían constantemente para discutir el avance de las investigaciones y el resultado de los encuentros tenía que ser reportado a las máximas autoridades policiales.
“Las autoridades del Ministerio Público en ese entonces se reunían todos los viernes con los agentes que estaban investigando el caso”, reveló la fuente.
Policías matones
Según el expediente DGPN-DED2-DI-No. 1101-2009, revelado en exclusiva por EL HERALDO, algunos miembros de la cúpula policial se confabularon para asesinar a González.
De acuerdo con ese expediente, las planificaciones para matar al exjefe de la DLCN se realizaron en el Cuartel General Casamata, donde funcionó la sede de la Policía Nacional.
Las reuniones quedaron grabadas en videos de seguridad, según el documento de la Policía Nacional.
El asesinato de González sucedió el 8 de diciembre de 2009, cuando el zar antidrogas se conducía en una camioneta y fue interceptado por dos sicarios motorizados en el barrio Guanacaste de la capital.
El copiloto de la motocicleta abrió fuego contra la humanidad de González y le quitó la vida en el acto. Según el expediente, la orden para matarlo la dio un narcotraficante de Colón como represalia porque el zar frustró un robo de drogas que había planificado en La Mosquitia, Gracias a Dios.
Landaverde
Mientras tanto, también hay policías involucrados en la muerte del asesor de González, Alfredo Landaverde.
El asesinato de Landaverde, ocurrido el 7 de diciembre de 2011, también fue producto de un complot policial. El informe de Inspectoría General de la Policía Nacional con número de oficio SEDS-IG-0167--2012, de fecha 25 de mayo de 2012, establece una serie de detalles de la planificación y ejecución del crimen de Landaverde, cometido por oficiales de la Policía Nacional.
El informe detalla los nombres, apellidos y rangos de los efectivos involucrados en el hecho al indicar que “abandonaron sus puestos de trabajo para realizar esta acción ilícita en la que se refiere el asesinato de Gustavo Alfredo Landaverde”.
El documento acota que “los señores oficiales antes mencionados se sintieron aludidos” porque Landaverde señaló en el programa Frente a Frente de canal 5 que un comisionado “conocía y lideraba” grupos criminales en la Policía Nacional.
Estas revelaciones hicieron que el Congreso Nacional declarara como emergencia la depuración en la Policía Nacional y para ejecutar el adecentamiento creó la comisión especial que tiene la facultad de despedir a policías que, según una certificación, se compruebe que no son idóneos para seguir en la institución.
