TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los últimos hechos acontecidos en el Congreso Nacional y la opacidad en el nombramiento de los titulares interinos del Ministerio Público, juristas auguran que la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se sumará a las promesas incumplidas por el gobierno.
“Podemos decir que es una fantasía pensarlo, porque la CICIH no va a venir sencillamente porque la imagen de país que está enviando el actual gobierno y el Congreso Nacional con estos zarpazos a la Constitución, actos ilegales, lo único que hace es alejar cualquier posibilidad de que venga a Honduras”, avizora el jurista Alceste Menardi.
En el mismo sentido, el togado enfatizó que la clase gobernante parece estar interesada en mantener la impunidad y continuar con actos de corrupción, lo que aleja la posibilidad de que la CICIH opere en Honduras.
De su lado, el abogado Héctor Pérez detalló que “las dos piedras en el zapato para que venga la CICIH es que Libre no ha eliminado la impunidad y la forma en que impusieron a los fiscales del MP y no van a retroceder”.
Señaló que “la CICIH ya no vino a Honduras durante el gobierno de Xiomara, nos quieren dar atol con el dedo”.
A casi dos años del ascenso al poder de la presidenta Xiomara Castro, la instalación de la comisión internacional se aleja, ya que debido a la falta de voluntad política los diputados oficialistas y del mismo gobierno no existe un interés visible de cumplir las peticiones planteadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Entre las peticiones planteadas por la ONU figuran la reforma y derogación de varios decretos, entre ellos la eliminación del denominado pacto de impunidad o Ley de Amnistía Política, entre otros. Al no haber extendido el período de sesiones ordinarias desde el Congreso Nacional, los parlamentarios quedaron sin la facultad de hacer las reformas a la Constitución necesarias para la instalación de la CICIH, situación que alargaría por al menos un año más la llegada de la comisión internacional, ya que al ser reformas constitucionales podrían ser ratificadas hasta la última legislatura en 2025, en el último año del mandato de Castro.
