El integrante de la Comisión Especial para la depuración y transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera precisó que las indemnizaciones de los miembros de esta institución armada que sean cancelados dependerá de una minuciosa revisión de sus expedientes e información remitida por los operadores de justicia al igual que los entes controladores del Estado.
'En este proceso de certificación que les permitirá ser cancelados y no continuar prestando sus servicios es que exista una evaluación minuciosa de su expediente, de la información que nos suministra los distintos entes contralores del Estado y operadores de justicia a fin de poder garantizar que ninguno de ellos ha cometido ilícitos, actos de corrupción, está vinculado alguna banda del crimen organizado o delincuencia común y poder tener certidumbre de que su indemnización podrá ser cancelada sin ningún tipo problema', detalló.
Además, el representante de la sociedad civil aseguró que los agentes de escala básica o altos oficiales podrán salir de la Policía ya sea por jubilación anticipada o retiro voluntario.
En las últimas décadas ha habido un mal manejo de expedientes, historiales, registros en los departamentos de Recursos Humanos, Inspectoría, incluyendo unidades de Asuntos Internos del cuerpo del orden, lo cual ha dificultado las labores de depuración, ya que en la Secretaría de Seguridad hay muy poca información, puntualizó.
El pasado 21 de abril, la delegación nombrada para el proceso de depuración policial instó a través de un comunicado para que se ratificara, separara y suspendiera de sus cargos a generales que se encontraban bajo evaluación y cuya información al igual que sus hojas de servicio fueron solicitadas previamente a diversas instituciones.
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Investigados
En relación a la más reciente determinación de la comitiva, Rivera explicó que 'dos restantes -generales- están siendo investigados por el Ministerio Público y uno más se encuentra de vacaciones y cuando regrese se determinará su futuro; a continuación nosotros vamos a trabajar con 46 expedientes de los comisionados que seguirán el protocolo'.
Mencionó que la Comisión Especial no tiene información sobre otorgamiento de bonos para policías, pero enfatizó que muchos altos oficiales estaban ubicados en posiciones que no eran estratégicas ni de beneficio para la institucionalidad, el gobierno y la sociedad hondureña.
'Una serie de posiciones en donde altos oficiales que ya no tenían futuro en la institución estaban esperando que se cumplieran los 35 años de servicio que les permitiera ir a su jubilación', planteó el también coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
En este sentido ejemplificó 'las agregadurías policiales en algunas delegaciones diplomáticas, enlaces institucionales con distintas dependencias del Estado y que no cumplían ese objetivo por el que fueron creadas, sino como un premio de consolación, instancia donde se purgaba alguna gente, generando un enorme gasto, golpe a las finanzas públicas y de la misma Policía'.
Actividad compleja
El funcionario indicó que 'todo este proceso de evaluación de información nos servirá para poder determinar cuáles son los elementos policiales que van a poder continuar prestando sus servicios en los distintos organismos policiales; sin duda alguna es un poco compleja la actividad que estamos prestados a realizar'.
'Estamos poniendo nuestro mejor empeño para recopilar todos los datos que nos hagan tomar las decisiones pertinentes y garantizar que en la Policía Nacional solamente aquel que cumpla con el perfil de idoneidad y que garantice tener confianza sobre él va a continuar desarrollando sus funciones', agregó.
El comisionado reiteró que las evaluaciones a los uniformados se está llevando a cabo desde la cúpula, mandos intermedios y culmina con las escalas básicas.
En el caso de los tres oficiales separados por reestructuración, aclaró que no se les obligó a firmar ningún documento, sino que solo fueron notificados para el avance del proceso de cancelación.
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