TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miembros de la sociedad civil instaron al Ministerio Público (MP) a interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra del blindaje en el manejo de fondos para diputados y otros servidores públicos aprobado por el Congreso Nacional.
“Confiamos que el Ministerio Público presente el recurso de inconstitucionalidad y que la Sala falle conforme a derecho y de la misma forma que lo hizo con la Ley de Presupuesto”, afirmó a EL HERALDO el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
En esta semana, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentaría una acción judicial encaminada en esa vía contra la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, informó una fuente ligada a esta organización.
Múltiples sectores han rechazado este marco legal que fue promulgado en el diario oficial La Gaceta bajo el decreto legislativo 116-2019.
Con esta normativa también denominada como Ley Especial del Fondo Departamental se vulneran las atribuciones del MP, a criterio de juristas. En el término de 30 días, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deberá emitir el reglamento de este instrumento jurídico, el cual solo podrá ser reformado o derogado con 86 votos favorables de diputados, lo que se conoce como mayoría calificada.
Los legisladores, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) pueden hacer sus liquidaciones y justificaciones ante el TSC, institución que hará auditorías e investigaciones especiales a los fondos que manejen. Mientras no se emita una resolución definitiva de parte del ente contralor del Estado, quedará en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal en relación con los fondos que sean otorgados.
Vicio
En el más reciente comunicado emitido por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) se advierte que esta legislación “tiene vicio de inconstitucionalidad y atenta contra los principios emanados de la Constitución y la sana administración del Estado, pues mediante interpretaciones analógicas se busca extender facultades que la misma ley otorga a otro poder del Estado”. Apunta que esta ley dificulta las investigaciones por malversación de fondos.
