TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo si una aeronave o su tripulación representan una amenaza inminente de daño físico grave y se hayan agotado las alternativas para disipar el peligro, los servidores públicos, empleados gubernamentales o cualquier otra persona que actué en nombre del Estado de Honduras podrán ordenar o materializar el derribo.
Así reza la propuesta de la nueva Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, enviada el martes por el Ejecutivo al Congreso Nacional (CN), a la que tuvo acceso EL HERALDO.
Con este nuevo marco se busca sustituir la vigente Ley de Exclusión Aérea que tras su aprobación, en marzo de 2014, fue rechazada por el gobierno de Estados Unidos por considerarla una amenaza contra las operaciones de infiltración de la Agencia Antidrogas (DEA).
Algunos sectores coincidieron ayer que la nueva ley busca evitar el derribo de las aeronaves como lo ha demandado el gobierno norteamericano a las autoridades hondureñas.
Incluso, la nación del norte, a través de su embajada en Tegucigalpa, reaccionó ayer satisfecha con la propuesta de ley y hasta instó al Congreso Nacional a aprobar el instrumento “que asegurará la intercepción no letal” de aviones sospechosos del narcotráfico.
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Con la nueva medida, Honduras realizará un protocolo exhaustivo de comprobación en un período de tiempo extenso para determinar si en realidad una aeronave representa un peligro para la soberanía nacional y evitar a toda costa derribarla.
En 2014 a Estados Unidos le incomodó la actual Ley de Exclusión Aérea y hasta retiró el apoyo de los radares a Honduras, por lo que el gobierno se vio obligado a adquirir su propio equipo para detectar vuelos del narcotráfico en el espacio aéreo nacional.
En aquel entonces se informó del derribo de una aeronave en Guanaja en la que viajaba supuestamente infiltrado un agente de la DEA, postura que Estados Unidos negó, pero creó fricción entre los países y hasta rodó la cabeza del entonces jefe de la Fuerza Aérea de Honduras.
Nueva estrategia
La propuesta de Ley de Soberanía del Espacio Aéreo da un giro total al accionar de las autoridades al momento de interceptar una aeronave sospechosa de sobrevolar ilegalmente el país.
En primera instancia, antes de tomar cualquier decisión las autoridades hondureñas deberán agotar una serie de criterios para determinar si en realidad la aeronave vuela ilegalmente.
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Hay 17 criterios que las autoridades deben tomar en cuenta antes de establecer que una aeronave representa amenaza. En el caso de comprobarse las sospechas no se tomarán medidas de uso progresivo de la fuerza, al contrario, se activarán dos fases para tratar de persuadir al piloto a realizar un aterrizaje, volver a la ruta original que debió seguir o forzarla a abandonar el territorio nacional.
La primera fase solo podrá ser autorizada por el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña y se refiere a la “interceptación de una aeronave y al establecimiento de comunicaciones con esta a través del uso de comunicación por radio o señales visuales, y ordenando a la aeronave interceptada aterrizar en la pista adecuada más cercana”.
Si esta etapa no tiene efecto en los ocupantes de la aeronave en seguimiento y continúa el seguimiento, se activará la fase dos que incluye el “uso de disparo de advertencia como medida de señal, utilizando municiones que contengan cartuchos trazadores, para asegurarse de que el piloto se entere de que ha sido interceptado”.
