TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las Islas del Cisne es una área protegida y existe un artículo que la contempla como tal que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 1994, contrario a lo asegurado por el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, al anunciar la aprobación de una licencia ambiental para construir una cárcel en la isla.
Se trata del decreto 128-94, publicado el 17 de octubre de 1994 (durante el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina), en la edición número 24,477.
El decreto refiere a Islas del Cisne como una área protegida y reza: “Artículo 1: Otórgase al Parque Marino de las Islas del Cisne, el nombre de “Parque Marino Abogado Agustín Córdoba Rodríguez””, confirmando con ello La Gaceta que Islas del Cisne ya era considerada como ecosistema protegido desde aquellos años.
Asimismo, en el acuerdo 3056-91, del 30 de octubre de 1991, cuando se ordenó declararla área protegida, durante el gobierno del extinto mandatario Rafael Leonardo Callejas, se destaca que Islas del Cisne tiene un ecosistema acuático frágil y delicado, santuario de especies endémicas y migratorias por lo que el Estado debe protegerlas y manejarlas de forma adecuada en beneficio del país y sus futuras generaciones.
En el Artículo 1 (del acuerdo 3056-91) señala “la creación del Parque Nacional Marino en Islas del Cisne en Gracias a Dios, que comprenderá todas las islas, islotes y bajos en el área delimitada”, ofreciendo ahí mismo las coordenadas del lugar.
Cabe destacar que el Artículo señala al conjunto de islas como parte del departamento de Gracias a Dios y no a Islas de la Bahía (o Guanaja donde se ha socializado el proyecto de construcción de la cárcel).
Medina sostuvo que los pobladores de Gracias a Dios no deben oponerse a la obra porque “no pertenece a Gracias a Dios y pese a que no se hizo la publicación en La Gaceta, reconocemos el valor ecológico y principalmente de la isla menor, que debe ser totalmente conservada”.
En su Artículo 3, el acuerdo 3056-91, agrega además que queda terminantemente prohibido el uso de la tierra para fines agrícolas y pecuarios, la caza y la pesca, la extracción de flora y fauna del sub-suelo y arrecifes coralinos.
También protege sus recursos históricos o arqueológicos, prohíbe la tala y quema de vegetación y la introducción de especies no nativas. Finalmente, deja el decreto en vigencia a partir de la fecha en que se publicara en La Gaceta.
Licencia ambiental ya está aprobada
Con la licencia ambiental aprobada por la SERNA el proyecto de construcción de una cárcel de grandes proporciones parece comenzar a concretarse.
Ante el malestar de distintos sectores a la ejecución de la obra, Medina ha asegurado que “abogarán por la protección de la isla durante la construcción de la cárcel ordenada por la presidenta Xiomara Castro”.
Amplió que “en la isla mayor estableceremos un centro de monitoreo ambiental para cada una de las obras y asegurar la mitigación menor posible durante la construcción”.
Costoso proyecto
El gobierno de Honduras se alista para construir un centro penal en la Isla del Cisne, cuya primera fase tendría lugar para 1,000 a 2,000 privados de libertad.
Expertos en construcción de cárceles con experiencia en el país, que solicitaron el anonimato, hicieron una proyección a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus del alto costo que representa la construcción y operación de esta estructura.
Estimaron que levantar una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, utilizando un modelo similar al del penal de El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, cuesta más de tres veces de lo que valdría en tierra.
Por ejemplo, una cárcel para 1,000 privados de libertad costaría alrededor de 80 millones de dólares, solo la construcción, es decir, unos 2,000 millones de lempiras, estimó. En contraste, la edificación de El Pozo tuvo un costo de 25 millones de dólares, unos 600 millones de lempiras aproximadamente, reveló la fuente.
El tiempo de construcción también se prolongaría, ya que Ilama se hizo en 14 meses, es decir, un año y dos meses, pero Islas del Cisne se llevaría alrededor de tres años, porque primero se debe levantar un campamento para los trabajadores, llevará de unos cuatro a seis meses.
Adicionalmente, la distancia implica un alto costo en el transporte de materiales de construcción, lo que elevaría el precio tres veces más comparado a la ejecución de un centro penal en tierra firme.
