Tegucigalpa, Honduras.- La polémica generada por las declaraciones vertidas por el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, sobre la Ley de Justicia Tributaria, ha llevado a que diputados y políticos de oposición al gobierno de turno pidan la interpelación de Hernández.
Sin embargo, el propio presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, sobre la moción de orden presentada por el diputado Jorge Zelaya, para interpelar a Roosevelt Hernández, aseguró en un comunicado oficial que “no procede jurídicamente darle ningún trámite o curso legal en el Congreso Nacional”.
Uno de los críticos del discurso del alto jerarca militar es el aspirante a la presidencia de la República, por el Partido Liberal, Jorge Cálix, quien desmintió a Redondo, asegurando que éste no sabe de leyes y que claro que sí se puede interpelar.
“Zapatero a su zapato. Luis es ingeniero en sistemas, que nos hable de software, de cómo arreglar una computadora o de como hackear sistemas, para eso es bueno, es su expertis; él no debería de interpretar leyes, porque, ni tiene el conocimiento técnico jurídico, ni tiene las facultades”, señaló Cálix.
El candidato liberal le recordó a Redondo que “el artículo 205 (numeral 22) habla de las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. El numeral 22 de manera expresa le atribuye a los diputados la posibilidad de interpelar secretarios de Estado y demás funcionarios. ¿Quiénes son los funcionarios? Son los que rinden promesa de ley, ¿El general Roosevelt Hernández rindió promesa de ley? Sí. Se puede entonces interpelar”, explicó Jorge Cálix.
La tesis constitucional
En el mismo sentido, se refirió el abogado penalista y exasesor legal de las Fuerzas Armadas Fernando Gonzales, al manifestar: “La falta de capacidad para poder discernir que la misma Constitución de la República hace referencia con respecto al artículo 205, numeral 22, donde puede interpelar a cualquier funcionario”.
Gonzales detalló que “funcionario es aquel, que dependiendo la categoría, devenga un sueldo de la administración pública, así lo dice la Ley de la Administración Pública”.
En relación a la potencial interpelación de Hernández, el versado en derecho ilustró que, si es el Congreso Nacional el que otorga los ascensos a generales u otros rangos, es también el Congreso el órgano que tiene la potestad de llamarlo a interpelar.
Es una situación política
Por otra parte, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Rebeca Ráquel evitó referirse a la interpelación de Roosevelt Hernández, arguyendo que se ha convertido en algo político.
“Creo que este tema se ha vuelto eminentemente político, ha sido politizado. Como entenderán, no puedo hacer ningún tipo de referencia, ni dar un punto de vista en ese sentido. A nosotros lo que nos toca es realizar una justicia pronta”, expresó Ráquel.
