TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la Inspectoría General de Tribunales y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos fue denunciado el juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, Claudio Daniel Aguilar, por vejámenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio de un grupo de privados de libertad que acudieron a una audiencia a su judicatura.
La denuncia fue interpuesta por la defensa legal de dos privados de libertad a los que el juez Aguilar les impidió acceder a su propia audiencia de declaración de imputado para escuchar la lectura de los cargos.
“No nos dejó pasar a nuestra propia audiencia, fue una humillación para nosotros y nuestra familia”, señaló uno de los imputados en la denuncia remitida a la Fiscalía e Inspectoría.
En el escrito, el abogado Marlon Duarte, defensor legal de los imputados, indica que, “en las instalaciones se cuenta con un espacio suficientemente amplio donde no exista ningún inconveniente para que mi representando Maynor Vicente Gamero ingresara a la audiencia de declaración de imputado y el juez de materia arbitraria, valiéndose de su poder, dejándolo afuera del Juzgado en un acto bochornoso para la justicia de este país”.
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Esta determinación del juez Aguilar, según el profesional del derecho, “conlleva una clara violación a mi representado ya que denigra y humilla su integridad física porque en ese momento se encontraba esposado de pies y manos”.
En el documento se detalla que desde hace tres meses la defensa del imputado Maynor Vicente Gamero espera la celebración de la primera audiencia, lo que de acuerdo con la norma constitucional y el Código Procesal Penal es considerado un retardo de justicia.
Sobre el juez Aguilar existen más de 50 denuncias en la Fiscalía y la Inspectoría de Tribunales por similares hechos y abuso de autoridad, sin embargo, las mismas continúan en proceso de investigación.
Para el defensor de los Derechos Humanos, Jorge Jiménez, “es necesario las medidas correspondientes, primero hay que retirar ese Juzgado de los cuarteles militares, pero además de eso también hacer una sanción contra ese funcionario o cambiarlo, producto que se cree intocable. El Estado debe de removerlo”.
Aseveró que “los imputados que acuden ante él han sido objeto de vejámenes, violaciones de derechos humanos, pero sobre todo es que hay una denegación de justicia al momento de que no se permite la participación del imputado en sus audiencias”.
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