Tegucigalpa, Honduras.- Un Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de tres exjuezas que habían sido acusadas de cometer los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Las beneficiadas con la determinación son las exjuezas del Poder Judicial, Zoila Rosa Hernández Velásquez, Ruth Anabella Cruz Zamora y Telma Aracely Cantarero Benítez.
Hernández Velásquez y Cruz Zamora, se defendían en libertad, ya que en el mismo Juzgado le había otorgado medidas sustitutivas distintas a la prisión, en la audiencia de declaración de imputado.
En esa oportunidad Cantarero Benítez no asistió a la audiencia y acreditó ante el tribunal que conoce la causa, estar delicada de salud por lo que estaba interna en un centro médico de la capital.
La acusación que había interpuesto el Ministerio Público (MP) en contra de las tres profesionales del derecho, se deriva de un conflicto en términos de propiedad en la colonia Cerro Grande, en el que están involucradas una familia y una empresa urbanizadora.
Las imputaciones surgieron a raíz de la presunta omisión de las exjuristas en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, en el sonado caso de disputa de propiedad, en la capital de la República.
De acuerdo al requerimiento que había emitido el ente acusador del Estado las exjuezas habrían ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se ejecutó de manera irregular, afectando los derechos de muchas familias.
De acuerdo con las investigaciones del MP, las anomalías en el proceso legal iniciaron cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que los tribunales civiles debían resolver la disputa sobre el derecho de propiedad.
Entre las pruebas presentadas incluyeron una sentencia de casación de 2004, que reconocía los derechos de la familia sobre esos terrenos ubicados en la colonia Cerro Grande, al noreste de la ciudad.
A pesar de esas excepciones no resueltas, en 2010 el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, integrado por las imputadas, ordenó el desalojo de las propiedades en disputa.
El desalojo se ejecutó el 3 de julio de 2010, resultando la demolición de viviendas, cercos y otras construcciones, y en el desplazamiento forzado de las familias.
Francisco Pascua, abogado defensor de las imputadas, al finalizar la audiencia donde de dictó el sobreseimiento definitivo a favor de sus representadas dijo: “quedó demostrado que las juezas decidieron conforme a derecho y la resolución estaba lo suficientemente motivada, por lo tanto el juez que conoce la causa, decidió dictar un sobreseimiento definitivo”.
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“Recordemos que el Ministerio Público estaba acusando de un supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, con el código anterior que llevaba una pena de 3 a 6 años por cada delito”, detalló Pascua.
“En aquel momento, el Tribunal que tenía conocimiento de este caso, estaban conociendo de un delito de usurpación y de daños, por tanto el juez en base al Código Procesal Penal tenía la potestad de ordenar los efectos neutralizadores del delito, uno de ellos fue el desalojo de estas personas que estaban usurpando el bien inmueble”, recalcó el abogado defensor de las tres exfuncionarias judiciales.
Por su parte, Bárbara Castillo, vocera de los Tribunales de Justicia, manifestó que “en esta ocasión no se logró acreditar el mínimo indicio racional de participación de las encausadas en los hechos que se le atribuyen en virtud que se logró acreditar que no se había cometido un delito, eso a criterio del juez”.
“El ente acusador del Estado si no está de acuerdo con lo resuelto por el juez, tienen tres días para interponer recurso de apelación y sería la Corte de Apelaciones la encargada de confirmar o revocar esta resolución”, destacó Castillo.
