Tegucigalpa, Honduras.- Medidas sustitutivas distintas a la prisión les dictó un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, a las exjuezas del Poder Judicial (PJ), Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora.
A la audiencia de declaración de imputado sólo comparecieron las dos antes mencionadas, sin embargo, en el mismo expediente se encuentra la también exjueza Telma Aracely Cantarero Benítez, sin embargo, ella acreditó ante el tribunal que conoce la causa, estar delicada de salud, interna en un centro médico de la capital.
Las tres exfuncionarias del Poder Judicial son acusadas de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
La acusación del Ministerio Público (MP) se deriva de un conflicto en términos de propiedad en la colonia Cerro Grande, en el que están involucradas una familia y una empresa urbanizadora.
Las imputaciones surgieron a raíz de la presunta omisión de las exjuristas en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, en el sonado caso de disputa de propiedad, en la capital de la República.
Las ahora encausadas habrían ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se ejecutó de manera irregular, afectando los derechos de muchas familias.
Investigaciones
De acuerdo con las investigaciones del MP, las anomalías en el proceso legal iniciaron cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que los tribunales civiles debían resolver la disputa sobre el derecho de propiedad.
Entre las pruebas presentadas incluyeron una sentencia de casación de 2004, que reconocía los derechos de la familia sobre esos terrenos ubicados en la colonia Cerro Grande, al noreste de la ciudad.
A pesar de esas excepciones no resueltas, en 2010 el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, integrado por las imputadas, ordenó el desalojo de las propiedades en disputa. Este desalojo se ejecutó el 3 de julio de 2010, resultando la demolición de viviendas, cercos y otras construcciones, y en el desplazamiento forzado de las familias.
En 2012, el caso fue asignado a un nuevo tribunal debido a una serie de recusaciones. Este nuevo tribunal determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados, ya que las excepciones interpuestas dentro del plazo legal no fueron atendidas oportunamente.
El 21 de septiembre de 2012, el tribunal resolvió a favor de las excepciones de falta de acción e incompetencia, declarando que la disputa debía ser tratada en el ámbito civil.
La audiencia inicial fue pactada para el próximo 11 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
