TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Judicial inició un proceso de formación para jueces, juezas y magistrados de Cortes de Apelaciones a fin de que emitan sus sentencias con Perspectiva de Género, particularmente en hechos de femicidios en Honduras.
Dicho evento se realizó en el marco de la Mesa Técnica de Coordinación por el Acceso a la Justicia de las Mujeres, con el propósito de visibilizar las falencias en los procesos de justicia
Durante tres días, los funcionarios judiciales trataron el tema con la experta mexicana, doctora María Guadalupe Ramos, abogada feminista y experta internacional en temas de Femicidios y derechos humanos de las mujeres, quien expuso temas como la Evolución de los Derechos de las Mujeres, Género e Impartición de Justicia, Violencia por Razón de Género y Sexismo, entre otros.
Con la capacitación se pretende fortalecer el sistema legal y judicial interno para garantizar que las mujeres que han sido víctimas de Femicidios reciban la justicia que merecen sin necesidad de recurrir a instancias internacionales.
En ese sentido, se espera que los jueces hondureños implementen medidas efectivas para prevenir la violencia de género, investigar y enjuiciar adecuadamente los casos de femicidios y brindar protección a las víctimas.
En la Mesa Técnica para el Acceso a la Justicia de las Mujeres, donde también hay representantes del Congreso Nacional, se busca realizar un trabajo coordinado, un intercambio de ideas y opiniones que permita lograr objetivos a corto plazo y mejorar los resultados que se tienen atendiendo al compromiso de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
¿Quién es la experta mexicana que participó en la formación de jueces hondureños?
La doctora María Guadalupe Ramos es una abogada especialista en el tema de violencia de género y fue conocedora de la demanda González y otras versus México conocida como “Campo Algodonero” en el cual el estado mexicano fue condenado por “la desaparición y ulterior muerte” de tres jovencitas cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001.
Por dicho evento, se responsabilizó al Estado por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas”.
