Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía prepara una acusación contra un juez, un abogado privado y un funcionario del Poder Ejecutivo, presuntamente implicados en el pago de un soborno durante el proceso penal incoado contra tres generales retirados acusados del crimen de Isy Obed Murillo, durante la crisis política de 2009.
Las investigaciones revelan que los tres implicados, que están plenamente identificados, negociaron y acordaron la entrega de un sobre de papel amarillo que contenía cuatro millones de lempiras, para favorecer a las medidas generales con distintas a la prisión.
Las indagaciones apuntan a que la entrega de los recursos al funcionario judicial se materializó en el bufete del abogado privado.
Una fuente ligada al proceso de investigación informó a EL HERALDO que “en las próximas horas se emitirán las órdenes de captura contra los investigados”.
A los tres personajes se les investiga por el delito de lavado de activos, prevaricato, violación de los deberes de los funcionarios y extorsión.
Los señalados del crimen de Murillo son el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, el exsubjefe de la institución castrense, Venancio Cervantes, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto.
Recursos de apelación
El domingo, tras una maratónica audiencia inicial, un juzgado dictó arresto domiciliario a favor de los militares, quienes fueron detenidos el pasado cinco de enero.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Melvin Duarte, dijo que el juez que conoce la causa fijó para el 27 de enero la audiencia preliminar.
“En la audiencia preliminar debe decidirse si el juez encuentra argumentos suficientes para que el expediente evolucione hasta un juicio oral y público; si no encuentra los elementos, se puede decretar un sobreseimiento provisional o definitivo”, explicó Duarte.
El Ministerio Público y la defensa de los tres generales retirados tienen hasta este miércoles para presentar recursos de apelación contra la decisión del juez, quien además confirmó que los acusados se defenderán en libertad, pero quedarán al “cuidado y vigilancia” de sus abogados y no podrán salir del país.
