TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General denunció ante el Ministerio Público a una jueza de lo civil que ha impedido y obstaculizado la defensa del Estado de Honduras en un caso que ha acudido ante esta instancia la polémica Empresa Energía de Honduras (EEH) contra la ENEE y Coalianza.
Esta misma jueza ha sido denunciada ante una instancia de apelación en el mismo Poder Judicial por los delitos de prevaricato y falsificación de documentos públicos por este mismo caso, según conoció EL HERALDO.
La denunciada es la abogada Alina Cuadra Morales, titular del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán.
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La Procuradora General de la República, Lidia Estela Cardona, presentó denuncia por los delitos de abuso de autoridad cometidos por la jueza en contra del Estado de Honduras.
Se explica que el origen del proceso judicial donde incurre en abuso la jueza es el Contrato de Fideicomiso para la Recuperación de Pérdidas en los Servicios prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contrato celebrado de conformidad al decreto legislativo 118-2003, conformado por las siguientes partes: ENEE y Comisión para la Promoción de Alianza Público-Privada; Sociedad Mercantil Banco Financiera Comercial Hondureña en su condición fiduciario y el inversionista Operador Empresa Energía Honduras (EEH).
Y es que esa instancia judicial está conociendo un proceso de “Diligencia Preparatoria de Reconocimiento de Firma”, bajo el expediente judicial 0801-2019-07227-CPD, “proceso preliminar de diligencia de reconocimiento de firma”, pero de conformidad a lo establecido en el artículo 77 del Código Procesal Civil, esta representación legal del Estado compareció en la causa en virtud de que el documento que se pretende se reconozca firma nace de un contrato en el que el Estado de Honduras es parte y se encuentra legitimado para actuar por poseer legitimación ordinaria y extraordinaria.
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La Procuraduría General presentó el 16 de marzo un escrito: “intervengo de forma voluntaria por estar legitimada en la presente acción, solicito intervención provocada-nulidad de actuaciones a partir del auto de admisión por prescindir de normas esenciales de procesamiento que generan indefensión”.
Sin embargo, la jueza el 19 de marzo denegó la intervención de la Procuraduría y la intervención provocada por la ENEE, “vulnerando así los derechos de mi representado y ocasionando abuso de sus facultades al negar el acceso a los tribunales y al enfocarse fraguando un inminente perjuicio al Estado y a la sociedad hondureña, vulnerados los derechos fundamentales, garantías constitucionales, así como el principio constitucional de tutela efectiva, conformado por diferentes derechos y garantías, dentro de ellas el debido proceso, derecho de defensa, derecho de acceso a los juzgados y principio de legalidad”.
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