Tegucigalpa, Honduras
La limpieza en la Policía Nacional también alcanzó a su Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Policial Limitada (Cafapol), que por su deficiente administración cayó en incapacidad para pagar obligaciones contraídas por un monto de 82.8 millones de lempiras.
Después de conocer dos informes, uno con cifras al 30 de junio de 2015, otro al 31 de agosto de 2016, y luego de evaluar cifras al 31 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop) el 11 de julio de 2017, mediante resolución JD 04-07-11-2017, determinó la disolución coactiva y posterior liquidación de la Cafapol.
En la determinación, el Consucoop establece que al 31 de diciembre del 2016 esta cooperativa presenta una solvencia negativa que alcanzaba el 90.04 por ciento, un índice de morosidad de 89.12%, la disponibilidad de caja era solamente de 726,392.01 lempiras, que se estaban usando únicamente para cubrir gastos administrativos.
Asimismo, la Cafapol mantenía, en ese entonces, un total de captaciones de ahorro y aportaciones (de aproximadamente unos 4,000 afiliados, según indagaciones de EL HERALDO), por la cantidad de 62,058,670 lempiras; préstamos por pagar a la Cooperativa Mixta Limitada por la cantidad de 4,110,228 y al Banco de Occidente 16,705,796, sumando una cantidad de 82,874,695 lempiras el total de obligaciones por cancelar a afiliados y a terceros.
Este monto representaba el 180.27% del total de los activos netos que ascendían a 45,972,912 lempiras, revelando que sus activos no eran suficientes para honrar sus deudas.
Al 17 de enero de 2017, las obligaciones bancarias que mantenía con Banco de Occidente ya eran de 20,163,408 y “según confirmación bancaria recibida por esta superintendencia presenta 18 cuotas en mora que corresponden a capital, intereses, seguros”, confirmando la situación de insolvencia de la cooperativa, dice la resolución JD 04-07-11-2017 del Consucoop.
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Deterioro
Desde el 2013 había denuncias de la quiebra de la Cafapol señalando a altos oficiales, sin embargo, fue hasta que la Superintendencia de Pensiones, Valores y otras instituciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) le practicó un examen especial con cifras al 30 de junio de 2015 que se corroboró que los estados financieros presentados por la administración de la cooperativa no eran razonables, detectando inconsistencias en las operaciones y documentación que generaba incertidumbre.
En una nueva evaluación con cifras hasta el 31 de agosto de 2016, la Superintendencia corroboró que los estados financieros de la cooperativa continuaban en deterioro, alcanzando niveles críticos que implicaban “no poder continuar como negocio en marcha”.
Para ese tiempo, las reservas de la cooperativa eran de 1,095,721 lempiras, insuficientes en 12,347,781 lempiras, con relación a las determinadas por la Comisión Supervisora por 13,443,503.21 lempiras, reflejando una reserva de 8.5%, inferior al 100 por ciento mínimo exigido.
Para ese tiempo los créditos que presentaban mora mayor a 30 días ascendían a 36,928,365 lempiras, equivalentes a 93% del total de la cartera de créditos.
Algo que afectó las finanzas de la cooperativa fue una instrucción verbal de la Dirección General de la Policía Nacional ordenando la suspensión de deducciones por planilla a los afiliados que mantenían obligaciones con la cooperativa, durante los meses de septiembre y octubre de 2015.
Esta situación se repitió en 2016 mediante instrucción ordenada por la Unidad Administrativa de la Policía Nacional mediante oficio DGPN/DAPN-No1928-2016 del dos de agosto de 2016, violentando la Ley de Cooperativas. También impactó la falta de compromiso de los deudores para cancelar sus obligaciones por ventanilla.
A pesar de la difícil situación económica que experimentaba la Cafapol, a mediados de 2016 continuó captando recursos sin tomar en cuenta la capacidad de devolución de los depósitos de ahorro y aportaciones de sus afiliados, así como la cancelación de otras obligaciones adquiridas.
Además, la cooperativa no tenía inversiones líquidas para hacer frente a los compromisos, no obstante, los inmuebles estaban hipotecados a favor de la institución bancaria, acreedor preferente. El valor contable de los bienes ajustados ascendía a 20,826,625 lempiras, lo que representa el 47.2 por ciento de los activos netos.
Asimismo, se encontró deficiencias en la gestión de riesgo de gobernabilidad, crédito y operativo, así como incumplimiento al reglamento de para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las cooperativas de ahorro y crédito.
El cinco de enero de 2017, el Consucoop le pidió a Claudia Andrade, gerente general de la cooperativa, un plan de estabilización financiera que permitiera revertir la situación de la Cafapol, sin embargo, nunca fue presentado. Con la liquidación de la cooperativa policial concluye otro pasaje negro en una institución cuestionada por la corrupción interna y la relación de sus miembros con el crimen organizado.
