TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La venta irregular y unilateral del complejo turístico Palm Beach, en Roatán, Islas de la Bahía, a manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), sigue en curso.
EL HERALDO tuvo acceso al memorándum OABI-UV-102-08-2023, de la Unidad de Ventas de esa entidad, en la que se ratifica que la venta de la propiedad no ha sido anulada.
“Por este medio la Unidad de Ventas de la OABI, en relación que en el periódico EL HERALDO del día 16 de agosto de 2023, se estableció que el comisionado presidente (Hugo Suazo) habló con los comisionados (Rigoberto Portillo y Roger Lenín Mendoza) en el sentido de anular la venta del inmueble Palm Beach”, señala el documento oficial.
En el mismo memorándum, la Unidad de Ventas solicita al secretario general de la OABI, José Rómulo Mejía, “el procedimiento a seguir para realizar la devolución del dinero que se percibió en las cuentas de la OABI producto de la venta, en virtud que a la fecha esta unidad no ha recibido la resolución donde se anuló la venta correspondiente como tampoco el procedimiento a seguir”.
“Todo lo anterior -se solicita- para no causar perjuicios de interés dejados de percibir por el comprador”, indica.
El 18 de julio pasado, el presidente de la junta interventora de la OABI, Hugo Suazo, determinó vender la lujosa propiedad al señor Danny Ward McNab Jackson, por un monto de 36.5 millones de lempiras, a espaldas de los otros dos comisionados Rigoberto Portillo y Roger Mendoza.
En un documento, tanto Portillo como Mendoza expresaron que ellos no participaron en la venta del resort y más bien se opusieron porque el inmueble ya había sido sometido a un proceso de subasta. Sin embargo, para no entrar en controversias, según Hugo Suazo, se anuló la venta directa de la propiedad, que se encuentra hipotecada y embargada por una orden judicial.
Por este presunto acto de corrupción, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) abrió una línea de investigación.
Pero, por orden superior, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial, la que ya está efectuando las primeras pesquisas.
La Fiscalía citó para este lunes a los interventores Portillo y Mendoza, que serán interrogados por los agentes de tribunales sobre el proceso de venta directa y anticipada de la propiedad. Asimismo, se tiene contemplado un proceso de secuestro de documentos en la OABI para buscar más evidencias del caso.
En esta denuncia figuran como principales investigados el interventor Hugo Suazo, el secretario general de la OABI José Rómulo Mejía y el asesor legal de la institución, Carlos Argueta, que durante el desarrollo de las investigaciones también serán interrogados
