TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto de una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que fue presentado en el Congreso Nacional sigue generando polémica, pues mientras unos sectores lo apoyan otros lo rechazan por considerar que se abroga la facultad de clasificar información pública, de calificar de injerencia las críticas de la comunidad internacional, así como de nombrar los directores policiales sin requisitos, entre otras cosas.
Sobre eso fue cuestionado el vicepresidente del Legislativo, Rasel Tomé, quien aseguró que no hay nada mal en el proyecto, pues todos sus artículos están amparado en la Constitución.
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“La dictadura hizo una ley y concentró todos los poderes y subordinó al presidente de la Corte, al presidente del Congreso, al fiscal a la Casa Presidencial de Juan Hernández. Hoy el pueblo eligió un gobierno democrático y ahora queremos hacer una ley donde el Consejo de Defensa y Seguridad le devuelva al país la independencia de poderes del Estado”, comenzó explicando el parlamentario.
Sobre la postura de quienes se oponen, Rasel aseguró que en el tema ha habido mucha manipulación de “aquellos que se acostumbraron a estar alrededor de la dictadura, que dicen que se van a concentrar poderes”, pues dijo que la presidenta Xiomara Castro puede reunirse con los ministros ya que son su equipo de trabajo.
“Lo que ella está haciendo es articular para definir las políticas de defensa del Estado y de seguridad para las personas”, justificó.
Tomé indicó que probablemente la próxima semana se lleve a cabo el tercer debate de la polémica ley para así continuar con el proceso.
Y en su cuenta de Twitter, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) volvió a exponer su postura e indicó que esto es parte de la “refundación del Estado democrático”.
¿Quiénes conforman actualmente el CNDS?
1) El Presidente de la República, quien lo presidirá (Xiomara Castro)
2) El presidente del Congreso Nacional (Luis Redondo)
3) El presidente de la Corte Suprema de Justicia (Rolando Argueta)
4) El fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla)
5) El secretario de Estado en el despacho de Seguridad (Ramón Sabillón)
6) El secretario de Estado en el despacho de Defensa (José Manuel Zelaya)
Como dicho organismo atenta contra la separación de poderes, en marzo reciente, Maribel Espinoza, congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), presentó ante el Legislativo un proyecto para derogar el decreto legislativo 239-2011 publicado el 12 de diciembre de 2011 que contiene la ley del CNDS, sin embargo, la propuesta fue ignorada y engavetada.
No obstante, el miércoles 17 de agosto, sorpresivamente el oficialismo apareció en pleno legislativo con un proyecto de una nueva ley del CNDS que quería que se aprobara sin análisis previo y con la dispensa de dos debates; pero la oposición constituida esta vez por las bancadas del del PSH, Nacional y Liberal frenaron el intento.
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¿Nueva Ley de Secretos?
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reafirmó en los últimos días que la postura de su institución política es la que mantendrán como diputados en el Congreso. Es decir, en contra del proyecto.
“Es una ley sensible, porque habla de la integración de todos los cuerpos de seguridad. Esta ley tiene que llevar a cabo los consensos requeridos y este gobierno, desde el ejecutivo, con el Congreso ilegal, con una directiva ilegal, no quiere dialogar y han querido aprobar a matacaballo esta iniciativa, la cual contempla algunos elementos graves, el primero es que vuelve a aprobar una ley de secretos”, comenzó diciendo Zambrano.
El diputado por el departamento de Valle, agregó que: “Ellos prometieron en campaña derogar la Ley de Secretos; se derogó, nosotros la acompañamos y ahora se puede observar en ese dictamen, en el artículo 9, numeral 8, que establece nuevamente atribuciones para la clasificación de la información, que significa que esta es la nueva Ley de Secretos del Régimen Zelaya-Castro o Castro-Zelaya”.
En segundo lugar, siguió explicando el parlamentario, contempla otro elemento que crea una figura de un secretario ejecutivo que “tendría más poderes que la presidenta sobre los elementos y cuerpos de seguridad y defensa del Estado. ¿A quién quieren nombrar? ¿A quién quieren poner? Ya se especula que podrían ser familiares de la presidenta y hay otros elementos también graves como que se puede considerar como amenaza a la seguridad del Estado, primero, los actos de injerencia de personas extranjeras acreditadas en Honduras , como un embajador, un organismo internacional como la OEA y la ONU que puedan hacer recomendaciones o propuestas al gobierno de algunas violaciones que puedan llevar a cabo ya se van a considerar como amenazas”.
Y finalizó con que la polémica ley “criminaliza la protesta”.
