Proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad trae amenazas a la democracia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Impulsar la independencia de poderes en un nuevo proyecto de ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y quitarle facultades a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) busca el gobierno de Xiomara Castro.

Unos sectores lo ven como un gran avance; pero por otro lado temen que tal como está redactada la iniciativa de ley, haciendo uso del concepto de “seguridad nacional”, se debilite la democracia, el derecho a la libertad de expresión y se aumenten los niveles de impunidad y corrupción en Honduras.

El miércoles 17 de agosto, sorpresivamente, el oficialismo apareció en el pleno legislativo con un proyecto de una nueva ley del CNDS que quería que se aprobara sin análisis previo y con la dispensa de dos debates.

Sin embargo, la oposición -constituida esta vez por las bancadas de los partidos Salvador de Honduras, Nacional y Liberal- exigió su discusión y aprobación en tres debates.

Los integrantes del partido en el poder vieron esta posición como una afrenta y de inmediato Carlos Zelaya, secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, dijo que -su cuñada- la presidenta Xiomara Castro tendría que convocar a reunión del CNDS con la ley actual.

Y así lo hizo la mandataria mediante un tuit; la cita estaba para ayer por la tarde, pero se reprogramó por la ausencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como el fiscal general.

Reconocidos profesionales del derecho como Reina Rivera Joya y Raúl Pineda Alvarado sostienen que el nuevo proyecto de ley del CNDS tiene aspectos positivos, pero también muchos errores, relacionados con atribuciones y disposiciones que ya están contenidas en otras leyes.

De interés: Retomar ley de secretos y una figura a la altura de la presidenta, las amenazas en proyecto de ley del CNDS

De acuerdo con Rivera, para entender el tema de seguridad nacional y la propuesta de ley del CNDS se debe revisar todo el contexto, así como la norma vigente y su relación con otras leyes como la Ley de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley de Escuchas Telefónicas, la Ley de la Tasa de Seguridad y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional (“Ley de secretos”).

Para explicar el tema de seguridad nacional, ella volvió al tiempo entre 1980 y 1982, cuando Honduras estaba dejando atrás los gobiernos militares, cuando unos países salían de las guerras internas y otros entraban en ellas, poniéndose de moda el concepto doctrina de la seguridad nacional.

Luego vinieron los acuerdos de paz en la región y un tema de alta preocupación en ese momento era el rol de las Fuerzas Armadas en la democracia.

“Veníamos de momentos donde los militares habían sido cuestionados en las guerras internas, graves ejecuciones en El Salvador, masacres de pueblos indígenas en Guatemala, desaparecidos y los contras en Honduras”, detalló Rivera.

En el tratado marco de seguridad democrática (cuando se firmó la paz de Centroamérica) se acordó que las instituciones de defensa y seguridad debían estar reguladas por algunos principios básicos del Estado de derecho.

“Las instituciones del Estado no son un apéndice de las Fuerzas Armadas, sino que las Fuerzas Armadas son una institución que debe estar regulada por una conducción civil”; esto significa una conducción democrática con muchísima transparencia y con rendición de cuentas, situaciones que no suceden actualmente.

La institución que debía fortalecerse era la Policía porque los problemas internos eran de seguridad pública, pero sucedió lo contrario, los militares en los últimos 20 años crecieron más y la Policía se quedó chiquita, opinaron los expertos.

Después del golpe de Estado de 2009, las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que había una figura en la Constitución, en el artículo 287, que nunca había sido regulada, que plantea la creación de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero no dice para qué.

Encontraron este artículo vacío y decidieron darle contenido. Sin embargo, está el artículo 285, que dice que la Junta de Comandantes es el órgano de consulta de todos los asuntos relacionados con la institución.

¿Y quién preside la Junta de Comandantes? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, entonces, de acuerdo con la Constitución, los temas de defensa deberían discutirse en su despacho.

Los militares vieron que podían pedir y se les iba a dar, y así con la ley del CNDS crearon una megaestructura y conformaron la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que muy pocos saben que existe pero que tiene un poder terrible.

La actual ley del CNDS coloca a la DNII como el máximo órgano ejecutor encargado de rectorar, diseñar y supervisar políticas en materia de seguridad y defensa nacional e inteligencia, y le da independencia funcional, administrativa y presupuestaria. Además, a su titular le da el cargo de secretario ejecutivo del CNDS.

De las cosas positivas que tiene la nueva iniciativa, se mencionó la eliminación de la representación de los titulares de los poderes Judicial y Legislativo y de la Fiscalía General.

También se le quita a la DNII toda una serie de prerrogativas y se traspasan a un secretario ejecutivo con presupuesto, pero sin independencia funcional y administrativa; un órgano de coordinación sin mayores poderes, explicó Rivera.

Lea además: ¿Qué es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y por qué es tan polémico?

Asimismo, vio con buenos ojos que en el artículo 11 se haya sacado de las instituciones que deben producir inteligencia a la banca, al Instituto de la Propiedad y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya que estas entidades manejan datos muy personales y confidenciales.

Por otra parte, Rivera considera sin sentido el artículo 5 del anteproyecto porque no se pueden definir las amenazas a la defensa y seguridad nacional, ya que estas ahora son multidimensionales y cada día surgen más; por otro lado, las amenazas que ponen en riesgo al Estado ya están en el Código Penal en el capítulo correspondiente a los delitos contra la seguridad interior y exterior; asimismo, considera innecesario el artículo 6 que habla sobre la seguridad en el plan nacional de desarrollo.

Sobre la potestad que se le quiere dar en el artículo 9, numeral 8, al nuevo CNDS de clasificar y desclasificar información bajo el argumento de seguridad nacional, explicó que eso es una amenaza al derecho que tiene la ciudadanía a la información y que en todo caso ya la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) regula eso.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el que tiene el mejor juicio y mejor tino para hacer esa clasificación. “Los tratados regionales sobre seguridad y defensa ya establecen la transparencia. El numeral ocho del artículo nueve al quedar muy abierto pueden volver otra vez a la práctica de regular hasta lo que no deberían regular”.

Rivera también cuestionó el hecho de que en el artículo 10 sobre los órganos que están bajo la subordinación del Poder Ejecutivo y del CNDS no aparezca el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y sí el director de la Policía Nacional, como si este artículo tuviera dedicatoria.

Igualmente, calificó de poco acertada la derogación del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad, lo cual conllevaría a que el director y subdirector de la Policía Nacional sea cualquiera y no un oficial que haya hecho carrera en esta institución.

“¿Por qué no se hizo lo mismo con las Fuerzas Armadas para que el jefe de esta institución sea también cualquiera?, se preguntó.

De interés: Mel Zelaya reconoce error en propuesta de derogar artículo 45 de la Ley Orgánica de la Policía

Continúan divididas las opiniones entre las bancadas del Congreso Nacional sobre la propuesta para la nueva Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Las bancadas de los partidos Liberal y Salvador de Honduras (PSH) anunciaron la creación de otra iniciativa de ley para el CNDS como alternativa a la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo y apoyada por los diputados de Libertad y Refundación (Libre).

Ante ello, el jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, anunció que “la propuesta de ley no está escrita en piedra y todas las observaciones de las bancadas serán tomadas en cuenta y muchas de ellas son correctas y serán escuchadas”.

Asimismo, dentro de los cambios a la propuesta está el cambio al nombre de la iniciativa, de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a llamarse Ley Especial de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Por su parte, el parlamentario liberal Marlon Lara arguyó que “como partidos estamos elaborando una propuesta de ley que tenga el consenso de la población hondureña, que exista independencia de poderes y que nadie tenga más poderes de lo que debe”.

“Creo que es importante entender que una ley mala no debe ser sustituida por otra peor, estamos trabajando ya en el proyecto de decreto y la vamos a socializar con el pueblo hondureño”, opinó.

Suyapa Figueroa, del PSH, afirmó que “las reformas son tantas que se crea algo diferente a lo que se ha planteado y la no formación de la secretaría que se quiere hacer para sustituir las atribuciones de la Presidenta, hay demasiadas observaciones”.

Las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y Salvador de Honduras frustraron la semana pasada un intento de Libertad y Refundación de aprobar en un primer debate la iniciativa de ley.

Lea además: Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es una amenaza a la independencia de poderes