TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Poder Ejecutivo remitió el miércoles al Congreso Nacional (CN) la Ley de Justicia Tributaria, cuyo anteproyecto de decreto terminó recibiendo una serie de cambios en comparación con el documento original creado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Una de las tantas modificaciones enmarca la duración de los beneficios tributarios en los dos nuevos regímenes fiscales: Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde) y Régimen de Zonas Francas.
El documento -al cual tuvo acceso EL HERALDO- contiene 76 páginas y en el artículo 4 establece que podrán adherirse al Rinde las personas naturales o jurídicas que generen nuevas inversiones y se enmarquen en la política de inversiones contenida en la presente ley.
Los incentivos tributarios del Rinde abarcarán diez períodos fiscales una vez se inicien las operaciones mercantiles, pudiendo ser prorrogables por diez años en casos de emergencia ordenados por el Estado por medio de la Presidencia de la República.
El beneficio en este régimen consistirá en deducciones sobre la base imponible del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aportación solidaria y activo neto explicado en tres incisos del artículo 5; además de la no simultaneidad ni arrastre de créditos explicados en el sexto artículo.
Se crea también el Régimen de Zonas Francas, administrada por la Administración Aduanera de Honduras (AAH), que abarcará las empresas dedicadas a la manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación, mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación que realicen nuevas inversiones.
“Las Zonas Francas son áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas y sin población residente. Estas áreas se situarán en el exterior del territorio aduanero nacional y estarán sujetas a un control aduanero especial”, cita el artículo 9.
Los beneficios tributarios también serán de diez años y prorrogables otros diez años en casos de emergencia; las exoneraciones estarán en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y sus impuestos conexos sobre las utilidades, Impuesto Sobre Ventas (ISV) y exoneración de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y otros.
Eliminación
El capítulo II establece la derogatoria de al menos 14 regímenes fiscales, mismos en los que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estuvo en absoluto desacuerdo.
“Se viene el cierre de empresas y falta de crecimiento ya que no habrá inversión, ahora se están queriendo ir los empresarios que son los que invierten y generan empleo”, aseguró Luis Larach, expresidente del Cohep.
Es así como el gobierno plasma a partir del artículo 15 la derogación de los beneficios fiscales o incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones, liberaciones tributarias o aduaneras y, en general, todos los beneficios preferentes previstos por la normativa tributaria y aduanera.
Además, se derogan otras ocho disposiciones legales plasmadas en el artículo 16 y culminará la licitación para la adquisición, administración, distribución y comercialización de los marchamos o precintos aduaneros.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deberán someterse a un dictamen técnico para calificar que sus actividades sean con finalidad de lucro o no, solo así accederán a beneficios fiscales, reza el nuevo marco legal.
Asimismo, se realizará una liquidación técnica, administrativa y financiera de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).
Reformas
La Ley de Justicia Tributaria contiene reformas al Código Tributario, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto Sobre Ventas y hasta la Constitución de la República en sus artículos 339 y 351.
Si logra reformarse la Carta Magna, el artículo 339 quedaría así: Se prohíben los monopolios, monopsonios, oligopolios, la condonación de las obligaciones tributarias materiales salvo por causas de fuerza mayor, acaparamientos y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil.
En tanto, al artículo 351 se le quitaría el principio de proporcionalidad para agregar el principio de progresividad.
La presidenta Xiomara Castro se refirió el miércoles a la Ley de Justicia Tributaria durante la 62 asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y aseveró que la mayoría de la población está a favor de la propuesta.
“No existe un solo hondureño que no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo al querer lograr justicia tributaria en el país”.
Castro consideró que esta normativa es una de las más importantes del país en los últimos años porque busca equidad en la sociedad.
“Es la ley más importante de este siglo en materia de equidad para el desarrollo de Honduras, especialmente para los grupos más vulnerables de nuestro país porque con esta ley pondremos fin a la corrupción y a los abusos en los sistemas de exoneraciones en las alianzas público privadas”, dijo.
La mandataria precisó que “nada me detiene en trabajar y vencer a los que se oponen a los cambios y a aquellos que se oponen a la refundación de nuestro país”.
Anoche, el Poder Legislativo designó a una comisión de dictamen de la cuestionada legislación, la que fue integrada por los diputados Silvia Ayala, Ligia Ramos, Ramón Barrios, Samuel García, Jorge Zelaya, Karen Martínez y Mario Segura.
