TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Sistema de Administración de Rentas (SAR) y la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) serán las instituciones encargadas de aplicar la Ley de Justicia Tributaria, sin embargo, no tienen la capacidad operativa para tal efecto. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en su informe que contiene las observaciones y comentarios sobre el decreto que impulsa el gobierno.
“Las instituciones tributarias, aduaneras y fiscales carecen de la capacidad para implementar adecuadamente muchas de las propuestas (planteadas en la Ley de Justicia Tributaria), sin mencionar la necesidad de ajustarse y armonizar las leyes vigentes de Honduras”, subraya el documento al que tuvo acceso EL HERALDO.
Por tal razón se enfatiza que es crucial priorizar el fortalecimiento institucional previo a llevar a la práctica profundas reformas, caso contrario, estas serán inviables y causarán perjuicios. En el análisis también se plantea que “a lo largo de la propuesta se observa una reiterada concesión de poderes excesivamente amplios, susceptibles de abuso y privan a individuos y entidades del derecho constitucional a defenderse”.
Hace más de una semana, delegados de la iniciativa privada entregaron y expusieron este reporte que consta de 230 páginas a funcionarios del SAR al tiempo que establecieron una hoja de ruta de diálogo de esa ley que mantiene enfrentado al sector privado con la administración pública por las repercusiones en la generación de empleo, atracción de inversiones y el impacto económico.
Consideraciones y hallazgos
Si bien con el polémico marco legal se derogan los beneficios fiscales contenidos en diez regímenes especiales, creándose dos nuevos -Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (Rinde) y Zonas Francas-, el Cohep considera que estos “no son competitivos frente a los de nuestros vecinos, no respaldan a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), discriminan en contra de la inversión nacional y en el caso del Rinde discrimina a los microempresarios”.
“La supresión de las Órdenes de Compra Exenta (OCE) junto con la exigencia de Garantías de Convertibilidad Inmediata generará exigencias sistémicas en las finanzas y la sostenibilidad operativa de las empresas en todos los sectores, incluyendo los proyectos de cooperación externa”, se indica.
La institución, que aglutina a 70 organizaciones que representan todos los sectores productivos, advierte que esta acción en particular incrementaría entre un 7.03% y 13.99% la tarifa de energía, poniendo en precario a las empresas del país.
Entretanto, en el sector agrícola la afectación ascendería a los 465 millones de dólares por exportaciones e incremento en los costos de producción. De 220 millones de dólares sería el menoscabo en materia de inversión en el rubro del turismo, donde corren riesgo 88,000 trabajos directos e indirectos, al igual que la reducción de divisas en alrededor de 270 millones de dólares.
EL HERALDO informó que las enmiendas, tal como están elaboradas, provocarían que 680,000 empleos directos e indirectos que laboran en la maquila se queden sin su fuente de labores e ingresos, por lo que el Estado dejaría de percibir 10,849 millones de lempiras en impuestos.
