TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Llegar a los hospitales públicos del país sigue siendo un dolor de cabeza para los pacientes.
Las deficiencias de personal, medicamentos, equipo y presupuesto en general para atender las necesidades son enormes.
En el principal centro asistencial público del país, el Hospital Escuela (HE), se sienten a flor de piel las carencias y solo para este año el déficit financiero con el que opera oscila entre 700 y 800 millones de lempiras, según cifras proporcionadas a EL HERALDO por las autoridades de ese centro asistencial.
Por otra parte, el informe de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud indica que el déficit operacional de 2019 de los principales hospitales regionales, sin incluir al HE, supera los 1,200 millones de lempiras.
Si se suma el déficit del Hospital Escuela con el de los regionales, el total a requerir de manera urgente y con el que se superan únicamente los problemas presupuestarios de este año es de 2,000 millones de lempiras.
Para subsanar el déficit financiero cada uno de los centros asistenciales necesita una inyección de recursos frescos.
Según el informe de la Comisión Especial, el Hospital María de Especialidades Pediátricas para garantizar su funcionamiento de septiembre a diciembre de este año requiere de 80 millones de lempiras.
En la zona norte, el Hospital Mario Catarino Rivas urge de personal, equipamiento e insumos y para poder garantizar su operatividad la inversión debe ser de 65 millones de lempiras.
En la misma zona norte, el Hospital Leonardo Martínez requiere de 60 millones de lempiras para poder cumplir la demanda de los proveedores de insumos y servicios, mejorando así las atenciones.
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Postergados
En el occidente de Honduras, específicamente en los hospitales Juan Manuel Gálvez, de Gracias, Lempira, y Enrique Aguilar Cerrato, de La Esperanza, Intibucá, la necesidad es de 65.3 millones de lempiras para la apertura de nuevos bloques de maternos infantiles para las atenciones de parto.
Según el informe de la Comisión, para la región más postergada de Honduras, Gracias a Dios, la demanda es de cinco millones de lempiras y así fortalecer la gestión del servicios del Hospital de Puerto Lempira.
Dentro de las necesidades también se incluyen los servicios de diálisis que se prestan en los centros asistenciales, donde el déficit presupuestario alcanza los 458.37 millones de lempiras.
La Comisión de Salud también detectó necesidades en la Cruz Roja Hondureña, que requiere de 10.7 millones de lempiras para dar un mejor servicio de rescate y traslado de pacientes.
Para cumplir con los proveedores en prestación de servicios de apoyo, vigilancia y limpieza se requieren 78.3 millones de lempiras.
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Otros 1,200
Aparte de estos recursos que son más que todo para gastos operativos de 2019, se requiere de otros 1,200 millones de lempiras para dar respuesta a problemas puntuales del sector salud.
Para ampliar la cobertura del Hospital María se requiere una inversión de 53 millones de lempiras. En la adquisición de 20 ambulancias para hospitales y policlínicos, equipo de rayos X en los hospitales de Atlántida, El Progreso y el Mario Catarino Rivas la demanda es de 124 millones de lempiras.
Otro de los puntos importantes, según el informe, es ampliar la cobertura de personal en los hospitales a nivel nacional y el presupuesto requerido es de 495.4 millones de lempiras.
Para la reapertura de los centros cerrados por falta de recursos humanos, es decir, médicos y enfermeras, son necesarios 26.1 millones de lempiras.
Mientras que para hacer el relevo generacional por cumplimiento de edad en los hospitales la inversión es de 500.7 millones de lempiras.
Si estos otros 1,200 millones se suman a los 2,000 que se requieren para operar en 2019, la cifra se incrementa a 3,200 millones de lempiras. Si a esta última cantidad se le suman el pago de millonarias deudas que tiene la red asistencia y que en algunos casos datan hasta de 2011, el gran déficit presupuestario oscila en los 4,400 millones de lempiras, según la informó la semana anterior la Comisión de Salud en la presentación de su informe.
¿Y el personal?
De momento, la necesidad de médicos y enfermeras en la red hospitalaria del país es de 1,504.
De estos se requieren 643 médicos, 462 profesionales de la enfermería, 110 técnicos y 298 personas para el servicio de apoyo.
Para los comisionados esta es la ruta que se debe seguir para lograr la transformación del sistema de salud, y así garantizar que los ciudadanos tengan un servicio de salud más digno.
Decreto
El 22 de agosto de 2018, el poder Ejecutivo nombró a la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud.
Durante estos últimos nueve meses, la Comisión hizo una radiografía al sistema sanitario y concluyó que debería hacerse una profunda transformación.
Es así que los comisionados, dieron origen a la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud, que fue remitida al Congreso Nacional para su aprobación.
Sin embargo, la normativa encontró obstáculos en los diferentes gremios de salud, que se opusieron porque, según ellos, se pretendía privatizar el sistema sanitario público. El decreto fue aprobado por el pleno de diputados del Congreso Nacional y ocasionó que los gremios salieran a protestar a las calles durante casi una semana.
El Congreso Nacional tuvo que retirar la normativa y comenzar un proceso de socialización con los diferentes sectores. Los gremios insisten que el decreto debe derogarse.
La Comisión concluyó que se debe agilizar la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Salud e impulsar la puesta en marcha del Gran Pacto Nacional por la Salud. Además, que se necesita sanear las finanzas de Salud por medio de la implementación del Plan de Acción Urgente y mejorar todos sus procesos administrativos y financieros con equipos de conducción competentes.
Aprobar la Estructura Organizacional Transicional para la Secretaría de Salud con las condiciones eminentemente técnicas propuestas por la Comisión:
transparencia en la contratación de personal por meritocracia y necesidades reales de la Secretaría, eliminación de la injerencia política en las contrataciones.
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