TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reculó en su decisión de solicitar la opinión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la aprobación o no del acta de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y aseguró que la enviará al Poder Ejecutivo para que determine su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Redondo, fue consultado mientras se encontraba en la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), donde aseguró que después de analizarlo con sus asesores no pedirá la opinión al Poder Judicial.
“No lo voy a hacer para evitar que haya un tipo de controversia”, expresó Redondo, quien reculó en hacer la consulta.
El titular del Legislativo explicó que la decisión fue tomada “porque en la matriz mediática meten cosas infundadas, cosas que no son” y así evitaría “entrar en controversia”
Sin embargo, enviará el acta al Poder Ejecutivo, quien determinará si se sancionará o no, porque de acuerdo a lo expresado por el parlamentario “lo dice la Constitución”.
Redondo, se excusó asegurando que cuenta con “40 actas que no pasaron los votos y que todos los decretos se mandaron a aprobar por ejemplo la amnistía migratoria, se aprobó en una de esas actas”.
El titular del Poder Legislativo nuevamente reiteró que la mandará a publicar “como dice la Constitución”.
Cabe recordar que hace una semana la votación de la ratificación al acta de la adhesión de Honduras al CAF donde 71 diputados votaron en contra, mientras que 55 lo hicieron a favor, sin cumplir el requisito de mayoría simple.
Diputados se mostraron en contra de pedir opinión a la CSJ
Tras conocer la determinación de Redondo, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, explicó que el presidente del hemiciclo no podía pedir opinión, sino que la responsabilidad recae en la presidenta Xiomara Castro para su sanción.
“Jurídicamente el diputado Luis Redondo no tenía que pedir una opinión a la Corte Suprema de Justicia porque no es vinculante, el llamado es para la presidenta para que no sancione un decreto que tiene vicios de nulidad”, declaró Mena.
Por su parte, el diputado oficialista, Jorge Cálix, recientemente explicó que la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales impide a los jueces pronunciarse de los temas que podrían conocer, por lo tanto la opinión no podía proceder.
Asimismo, otros parlamentarios criticaron a Redondo por recurrir a otro poder del Estado en un acta no ratificada por más de la mayoría simple de los congresistas.
