TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denuncio este lunes a Jorge Alberto González Salinas, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por el delito de abuso de autoridad, al dejar que el exconvicto Marcelo Antonio Chimirri Castro con “intimidación y amenazas” buscara recuperar una vivienda, ubicada en Valle de Ángeles, que fue de su propiedad, pero que ahora es del Estado.
En el año 2013, la Fiscalía de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito inició recientemente un trámite ante el juzgado correspondientes para el aseguramiento de cuatro propiedades de Chimirri, entre la residencia en Las Tres Rosas, donde él vivía con su esposa Francis María Quezada.
Una vez que los tribunales autorizaron el aseguramiento, los bienes fueron traspasados a la OABI, mientras se desarrolla un proceso judicial.
En agosto de 2016 el Ministerio Público informó que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo Sentencia firme en el Juzgado de Privación de Dominio en contra de los bienes de Chimirri.
“En este fallo se privan y pasan a favor del Estado de Honduras siete cuentas bancarias con aproximadamente 320 mil lempiras, siete propiedades a nombre de Francis María Quezada García (esposa del señor Chimirri), entre las cuales se incluye una residencia en Valle de Ángeles sector de Las Tres Rosas”, indicaba la resolución.
Además, se incluyó una casa en Ciudad Lempira, una propiedad de 168.25 mts2 en aldea El Novillo en el departamento de Santa Bárbara, tres sociedades mercantiles donde se incluye una radio, dos vehículos de lujo, un lote de joyas y dólares en efectivo, publicó el Ministerio Público.
Desalojo de la Cruz Roja
Desde el 2015, la Cruz Roja Hondureña ocupaba la propiedad, luego de suscribir un contrato de comodato con la OABI, para que le diera el mejor uso posible.
Esta entidad de auxilio humanitario se trasladó al inmueble, sin embargo, según investigaciones del CNA, una vez que Chimirri Castro obtuvo su libertad, gracias a la amnistía decretada por la presente administración, comenzó a tratar de recuperar la vivienda de manera ilegal.
En el informe “El absoluto silencio”, se revela que el titular de la OABI, Gonzáles Salinas, fue notificado formalmente de las pretensiones de Chimirri, sin embargo no tomó las medidas para impedir que terceras personas accedieran al lugar y sacaran a la Cruz Roja Hondureña, que en ese momento tenía la posesión de la propiedad.
Ante la omisión de la OABI, establece la denuncia, Chimirri llegó a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña en Valle de Ángeles, acompañado de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Luego, ingresó por una ventana a la vivienda y le exigió al personal de seguridad, que se encontraba resguardándola, que le hicieran entrega del bien, sin presentar ninguna resolución del Juzgado de Privación de Dominio o de la propia OABI, autorizando la devolución, precisa la denuncia del CNA.
De acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción, en los días posteriores, las exigencias se transformaron en amenazas al personal de seguridad y, sin más opción, la Cruz Roja Hondureña se retiró de la propiedad y notificó nuevamente de la situación al director de la OABI, sin obtener una respuesta.
La Cruz Roja envió dos oficios a la OABI, en uno de ellos detalló que el gerente de la empresa de seguridad recibió una llamada de una persona que se identificó como el director de la OABI, quien le manifestó de manera verbal que tomarían posesión del inmueble, pero sin ningún documento que lo acreditara, ni seguir el debido proceso, omitiendo lo dispuesto en la normativa vigente.
La organización hizo diligencias en las oficinas de la OABI en Tegucigalpa para agilizar la entrega conforme a lo establecido en la ley, pero fueron “infructíferas”.
El CNA estableció la responsabilidad de González Salinas, quien tenía la obligación de ejecutar acciones antes los hechos denunciados por la Cruz Roja Hondureña, a fin de salvaguardar los bienes del Estado, ya que es el principal responsable de la administración y custodia de los mismos.
Tras establecer las omisiones cometidas por González Salinas, quien tiene la atribución de administrar y custodiar los bienes declarados en comiso por sentencia firme, el CNA lo denunció por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Según la organización, el director de la OABI evadió sus responsabilidades “cuando Marcelo Antonio Chimirri Castro, quien con intimidación y amenazas exigió la devolución de una vivienda que fue decomisada por el Estado hondureño”.
