El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano y el ministro de la Serna, Rigoberto Cuéllar aparecen involucrados en la cuestionada venta de 5,080 transformadores, escándalo conocido como el “chatarrazo”.
Tal y como lo informó
EL HERALDO
ayer, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluyó una investigación del caso sobre una subvaluada venta de transformadores que falsamente los hicieron pasar como que se encontraban en mal estado.
Los hallazgos de irregularidades se plasman en el informe Nº 04/2012-DPC-DCSD, de la denuncia Nº 0801-11-190, verificada en la ENEE.
En la ENEE se realizó la Subasta Pública Nº 01-2011, se entregaron transformadores que se encontraban en planteles de la ENEE en buen estado como chatarra, aún cuando en las bases de la subasta no se incluía su venta.
De acuerdo a la documentación proporcionada por la Serna al TSC, el peso total de los transformadores vendidos es de 1,540 toneladas métricas.
Según el TSC, el precio que debió recibir el Estado por la venta de transformadores debió ascender a 67.6 millones de lempiras.
Sin embargo, la ENEE vendió la “chatarra” a la empresa TMC Brokers Inc. por 2.5 millones, por lo que se ocasionó un perjuicio económico al Estado por 65 millones 94 mil lempiras.
Notificaciones
El TSC inició el proceso de notificación de responsabilidades civiles y administrativas contra los presuntos partícipes.
Se han notificado dos pliegos de responsabilidad civil, tanto al exgerente de la ENEE, Martínez Lozano, como al jefe de Licitaciones de esta entidad, Hernán Maldonado.
“Se notificó pliego de responsabilidad al ingeniero Roberto Martínez Lozano porque él fue quien llevó al frente el proceso de esta licitación”, informó la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta.
Tras ser notificados, a los señalados se les concede un plazo de 30 días para que, si desean, impugnen los reparos. Asimismo, durante el período podrán aportar medios probatorios, si cuentan, para el desvanecimiento de los hechos.
De no ser confirmados, se ejercerán acciones legales para que resarzan los daños ocasionados al Estado.
Además, hay entre siete y ocho pliegos de responsabilidad administrativa que serán notificados al personal de la ENEE que participó en la subasta o venta de dichos transformadores.
“También será notificado el ministro de Serna (Rigoberto Cuéllar) por el no cumplimiento de las licencias ambientales, todo esto con respecto al Convenio de Estocolmo”, expresó.
Explicó que el gerente de la ENEE de ese entonces, Martínez Lozano, solicitó a la Serna involucrarse en los proceso de traslado de los transformadores.
“No se cumplió por parte de las personas que estaban designadas para el cumplimiento de esta tarea, al no cumplirse los procedimientos se violaron disposiciones legales y eso dio como consecuencia la denuncia del sindicato de la ENEE”, manifestó.
“En la investigación se descubrieron algunos actos, como ser que no se cumplió el Convenio de Estocolmo, porque los transformadores tienen algunas sustancias que al ser derramadas perjudican el medio ambiente y por ende la salud del pueblo hondureño”, expresó la funcionaria.
Igualmente, a los notificados por responsabilidad administrativa se les hará valer el derecho de defensa.
“Serán llamados a una audiencia verbal que se celebrará en el Tribunal Superior de Cuentas, en la Unidad de Gestión Administrativa, los responsables de estos pliegos de responsabilidad administrativa deben hacerse acompañar de una persona (apoderado) y de la documentación necesaria para desvirtuar los hechos que les imputa el Tribunal Superior de Cuentas”, explicó la magistrada.
Si el ente contralor confirma que los hechos dan origen a una responsabilidad administrativa se procederá a la imposición de una multa que, de acuerdo al artículo 100 del reglamento de Sanciones del TSC, va de cinco mil a un millón de lempiras.
Al MP y “Pepe”
Al detectarse indicios de responsabilidad penal, el TSC notificó el informe al Ministerio Público (MP) para que incoe las acciones legales ante los tribunales.
“Al Ministerio Público fue enviado y notificado el informe el jueves de la semana pasada”, confirmó.
“Aquí hay responsabilidad penal porque aquí no solo es el daño patrimonial de los 65 millones, que al final habrá o no que recuperarlos el Estado de Honduras..., aquí se violó el Convenio de Estocolmo”, indicó.
Se le consultó si el ministro de la Serna tendría una responsabilidad penal, respondió que el MP lo confirmará, como los delitos que se habrían incurrido.
Además, la DEI no estableció claramente si los transformadores salieron del país.
El informe lo elaboró el ente contralor en conjunto con el MP, porque la denuncia fue enviada a estas dos instituciones. “Eso nos da pie a pensar que estos documentos ya fueron vistos por los fiscales del MP para proceder a trabar el requerimiento fiscal respectivo”, dijo.
Asimismo, a manera de información el TSC hace tres semanas hizo del conocimiento de los resultados de la presente auditoría al presidente Porfirio Lobo Sosa.
ENEE nunca convocó a la Serna: Cuéllar
El ministro de la Serna, Rigoberto Cuéllar, aseguró a
EL HERALDO
que actuó en base a la ley, por lo tanto no incurrió en ninguna responsabilidad.
Expresó que la autorización del transporte transfronterizo de los transformadores se hizo observando el convenio de Basilea, el cual obliga a los Estados parte a sacar del país aquellos contaminantes que no pueden ser tratados y que pueden ser tratados en otro país.
“Yo como punto focal en Honduras vengo obligado a autorizar el transporte transfronterizo de dichos contaminantes, tal como aconteció en este caso”, manifestó.
Igualmente manifestó que Serna, a través de Cescco, no participó en el manejo, tratamiento y entrega de los transformadores porque nunca fue convocado por la ENEE.
Afirmó que aclarará la responsabilidad administrativa en su momento, cuando sea notificado de la misma.
