Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento forzado por la violencia se ha convertido en una crisis humanitaria que afecta a miles de hondureños en todo el país.
Aunque no hay un dato exacto que establezca cuántas personas son desplazadas forzosamente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Honduras (Acnur) estima que entre el 2018 y el 2022 cerca de 250,000 hondureños se vieron obligados a dejar sus hogares para huir de la violencia.
Muchas de estas personas que decidieron proteger su vida y las de sus familias saliendo de su hogar en los últimos años no recibieron el apoyo necesario por parte de organismos estatales, debido a la ausencia de una normativa.
En lo que va de este año son 83 los casos que registra la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) sobre desplazamiento forzado, el dato equivale a unas 275 personas que debieron salir de sus hogares por temor a ser víctimas de las maras, pandillas y el crimen organizado.
En los reportes sobresalen casos de personas que han recibido amenazas y de mujeres, niñas y niños que están en riesgo de ser reclutados por pandillas, por lo que las familias deciden huir e iniciar una nueva vida en otro lugar, lejos de los agresores.
La institución también lleva casos de desplazamiento por temas de la defensa de la tierra y los recursos, extorsión, intimidación a líderes comunitarios o campesinos, entre otros.
Andrea Pineda, titular de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, de la SEDH dio a conocer las estrategias que desde la entidad estatal se realizan para apoyar a las víctimas de este delito.
La funcionaria aseguró que uno de los avances que han tenido en materia de protección para las personas desplazadas internamente es la aprobación de la Ley para la Prevención y Atención y Protección a las Personas Desplazadas Internamente.
Con la normativa que se aprobó en 2022 se ha logrado dar asistencia a cientos de familias que se víctimas del flagelo, afirmó Pineda.
Apoyo a las familias desplazadas
Una de las estrategias que contempla el decreto es el sistema de alerta y respuesta al desplazamiento interno.
“Al sistema pertenecen 29 instituciones y dos organizaciones de sociedad civil; este sistema es una coordinación para fortalecer lo que es la respuesta estatal y las diferentes rutas que se pueden tomar en el mandato de cada institución; por ejemplo en el tema de salud, educación, cuando una familia es desplazada y sus hijos necesitan empezar de nuevo en otra escuela, reubicaciones, traslados de emergencia, tenemos todo un componente y una línea de asistencia humanitaria”, detalló.
Agregó que la asistencia humanitaria que reciben las familias permite que puedan reiniciar en una zona lejos del riesgo, del cual han huido.
Entre el apoyo que reciben las familias está insumos para sus nuevos hogares, apoyo económico para hospedaje temporal y para comenzar un emprendimiento.
”La respuesta es inmediata, porque una persona desplazada no puede esperar, y nosotros tenemos los mecanismos para poder hacer estos traslados, y que también muchos de ellos siempre se coordinan con otras instituciones del Estado”, dijo Pineda.
Para atender el desplazamiento interno la ley manda la creación de un fondo de 150 millones de lempiras que servirá para dar mayor atención a las víctimas, desafortunadamente la ausencia de un reglamento hace que los fondos no se puedan utilizar.
Elsy Reyes, coordinadora de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) indicó que la falta de aprobación del reglamento es uno de los vacíos que dificulta implementar la ley para atender a las víctimas.
“El reglamento ya está aprobado por la Comisión de Interés Institucional, sin embargo, todavía falta su publicación; es importante que este reglamento pueda entrar en vigencia lo pronto posible, porque esto nos va a dar los pasos que para la atención a las víctimas”, apunto.
Se espera que el reglamento sea aprobado por el Ejecutivo en los próximos días y se inicie la aplicación de la ley a inicios del próximo años.
