TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La falta de un reglamento impide que los hondureños hayan sido desplazados por la violencia no puedan gozar de los beneficios de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
La normativa aprobada por el Poder Legislativo en 2022 para brindar protección y asistencia humanitaria a las personas que se han visto obligados a huir de su hogar o lugar de residencia habitual por situaciones de violencia generalizada lleva casi dos años sin poder ser aplicado.
De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la violencia ha provocado el desplazamiento de más de 247.000 personas en Honduras, de las cuales el 55% son mujeres y el 43% son niños, niñas y adolescentes.
Ante la alarmante cifra es necesario y urgente crear el marco legal para aplicar la ley y beneficiario a ese gran número de ciudadanos que están desprotegidos, señalan expertos.
Los entrevistados por EL HERALDO manifiestan que ya hay una comisión que trabaja en la creación del reglamento, y se espera que estén finalizados en los próximos meses.
Kathryn Lo, representante de ACNUR en el país, indicó que la ley viene a ser una respuesta integral para abordar el desplazamiento forzado por la violencia en el país.
“La ley tiene tres componentes, como la prevención, responder a las personas desplazadas y de manera general la protección de la situación de vulnerabilidad que el desplazamiento forzado crea, esto para garantizar los derechos humanos de las personas desplazadas”, expresó.
La representante informó que su organización está apoyando con asistencia técnica a la Secretaría de Derechos Humanos para el desarrollo del reglamento, el cual se encuentra en la etapa de finalización y consultas.
Se espera que en los próximos meses esté finalizado el borrador para que sea socializado con los diferentes sectores.
“Uno de los avances son las consultas, es importante consultar con las personas afectadas para que su realidad y necesidad se refleje en el reglamento final; Actualmente se hizo el proceso de consulta en varias regiones del país”, dijo.
El Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente, que está integrado por al menos 29 secretarías de Estado realizan los trabajos para elaborar el reglamento.
A pesar de que se espera que este año se tenga listo el reglamento, EL HERALDO conoció que luego de casi dos años de haber aprobada la Ley, representantes de las 29 instituciones se han reunido apenas cinco veces, por lo que el proceso es lento y quizás no se logrará aprobar este año.
Fondos para los desplazados
Además del marco legal, la Ley también establece un fondo de al menos 150 millones de lempiras para ayudar a los desplazados por la violencia. Sin embargo, el fondo no se puede ejecutar mientras no exista el reglamento.
“Los recursos del fondo servirán para financiar la asistencia humanitaria que establezca la Secretaría de Estado de Derechos Humanos mediante la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia”, señala el artículo 30 de la Ley.
La encargada de Movilidad Humana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Elsy Reyes, manifestó que todas las comisiones a través de la comisión interinstitucional trabajan en el reglamento interno, pero instan al desembolso presupuestario para atender a las víctimas.
El presupuesto es vital para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas forzadamente y para dar recursos a las personas una vez que ya sean reubicados en lugares seguros y que puedan generar un medio para subsistir.
“Ha habido un avance, pero la implementación de la ley es un reto y debe de ser socializada con todas las instituciones y sociedad que todavía no la conocen”, argumentó.
Ambas entrevistadas aseguraron que, desde antes de la Ley, las instituciones ya estaban apoyando con diferentes programas a las personas desplazadas forzosamente.
De acuerdo a la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh entre el 2016 y 2023 se identificaron alrededor de 8,200 casos relacionados con el desplazamiento forzado; de ellos 3,116 fueron víctimas de desplazamiento y 5,084 estaban en riesgo de desplazarse.
Los análisis del Conadeh señalan que los casos de desplazamiento forzado por violencia se incrementaron en el 2023 y que las proyecciones para este año van al alza.
Víctimas del desplazamiento forzado
Conductores de buses, personas de la diversidad sexual, abogados, periodistas, profesores, defensores de derechos humanos, entre otros profesionales son víctimas del desplazamiento interno en al país, debido a la violencia.
El Conadeh reportó que entre el 2016 y 2021 unos 280 maestros han sido víctimas de desplazamiento forzado o se encontraban en riesgo de serlo.
Alrededor de 200 profesionales del derecho denunciaron, entre los años 2016 y el 2023 ante el Conadeh que están en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado interno.
En ese mismo período, el Comisionado atendió 107 quejas presentadas por periodistas y comunicadores sociales, de esas el 76% fueron de los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés.
La organización defensora de derechos humanos estima que el 76 % de los periodistas y comunicadores sociales que interpusieron denuncias están en riesgo, mientras que, el 24 % habrían sido víctimas de desplazamiento forzado.
En los últimos cinco años, personas que se dedican al rubro del transporte, abogados, periodistas, agricultores, ganaderos, obreros y de casi más de medio centenar de ocupaciones han estado en riesgo o son víctimas de desplazamiento forzado en el país, señala el Conadeh.
