Tegucigalpa, Honduras
Desde que entró en funcionamiento la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional han sido cancelados 4,374 miembros de la institución.
De estos, 3,016 fueron cancelados por reestructuración, 425 por justa causa y 27 por cumplimiento de período de disponibilidad.
Asimismo, 855 elementos por retiro voluntario y 24 por discapacidad total y permanente. Mientras que 27 miembros de la institución por muerte o retiro obligatorio.
Esto significa que salieron de la institución más del 43 por ciento de los miembros evaluados, que suman alrededor de 10 mil efectivos, entre oficiales y miembros de la escala básica. En otras palabras, de cada 10 miembros de la Policía evaluados, cuatro son depurados.
De acuerdo con estimaciones hechas por la Comisión Depuradora y el último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado 700 millones de lempiras por concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos a altos oficiales, agentes de escala básica y personal auxiliar.
La mayoría de los oficiales cancelados fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración en función de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial, que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional.
Según el criterio de los depuradores no “impactaban positivamente ni eran relevantes”. Y es que cuando se cancela por reestructuración se debe indemnizar al policía despedido, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja.
El proceso de depuración llegó para quedarse permanentemente en la institución policial.
A criterio de los depuradores, para que la reestructuración policial sea sostenible se requiere la vigilancia ciudadana, la auditoría social y la veeduría de la población.
“La ciudadanía debe comprender que tenemos el derecho de estarle contando las costillas a los policías”, dijo recientemente Omar Rivera, representante de la Comisión de Depuración.
Aseguró que el proceso de depuración policial “no puede ser integral si no se le da persecución penal a los policías que cometieron delitos”. Es decir, que el Ministerio Público juega un papel importante para castigar a los exmiembros de la institución que se han visto envueltos en actos ilícitos o de corrupción.
El decreto de emergencia que creó a la Comisión de Depuración le da facultades a este ente para determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial.
Asimismo, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía cancelados y remitir al MP y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
56 artículos por aprobar de Ley de la Carrera Policial
La discusión y aprobación de la Ley de la Carrera Policial continuará la próxima semana en el seno del Congreso Nacional de la República.
En días anteriores, los diputados de la Cámara Legislativa aprobaron 66 artículos de 123 que contiene el nuevo estamento jurídico, es decir, que faltan por aprobar 57 artículos.
“El objetivo fundamental de la nueva Ley de la Carrera Policial es el fortalecimiento continuo del recurso humano de la institución y garantizar que se privilegie la honestidad, capacidad y buen desempeño a la hora de asignar grados y conceder cargos”, aseguró Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional.
“Por décadas, la Policía Nacional fue sometida a la politización e influencia nefasta de agentes externos que transgredieron los principios doctrinales y valores éticos policiales, y desnaturalizaron el concepto de jerarquía, disciplina, unidad de mando y servicio comunitario”, manifestó el depurador.
